n medio de la euforia desatada por los triunfos deportivos, media España está aún en limbo o disfruta de las vacaciones estivales. En este contexto de relajo y en la mejor tradición franquista, el Parlamento, con el visto bueno del Partido Socialista Obrero Español, la abstención del grupo mixto, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión ha dado el pistoletazo de salida a la reforma laboral. El resto de grupos parlamentarios, incluyendo el conservador Partido Popular, votaron en contra. Este último llevado por una visión electoral y no por discrepancia en su articulado. Si bien todo el proceso constituye un nuevo ataque a las clases populares, lo destacable, en este caso, estriba no sólo en su contenido, sino en la forma en la cual se ha llevado a cabo el proceso. Salvo Izquierda Unida, el bloque gallego y Esquerra Republicana de Cataluña, el resto del Parlamento, sus tres cuartas partes, estuvo de acuerdo en despachar, cuanto antes la reforma y no esperar a septiembre. Ahora el siguiente paso es su ratificación en el Senado, donde no habrá grandes cambios, salvo en los acentos.

En tiempos de la tiranía fascista era costumbre aprobar leyes impopulares durante los meses estivales. De esta manera, llegado septiembre, considerado el comienzo de un nuevo curso político, las medidas adoptadas, a traición, en julio, eran agua pasada. El protagonismo noticioso lo copaban la vuelta al colegio, la inflación, la moda, la liga de futbol o los megaproyectos inherentes al franquismo. Eso sí, dentro de la unidad ideológica de sus variopintas familias. Las discrepancias eran de matiz; mientras tanto, las manifestaciones opositoras pasaban a la categoría de ilegales y eran perseguidas y detenidos sus dirigentes. Por esta sencilla razón, iniciar septiembre sin temer movilizaciones, huelgas o enfrentamientos formaba parte de esa paz social de la que tanto se jactaba Carrero Blanco y Manuel Fraga Iribarne.

En pleno siglo XXI y a más de 30 años de promulgada la Constitución monárquica, esta estrategia artera de proceder se creía enterrada. Formas democráticas y refinadas sustituirían las detestables maneras acuñadas por del franquismo. Lamentablemente, esta afirmación está lejos de ser una realidad. Hoy, los diputados pertenecientes a los partidos mayoritarios y sus comparsas practican los mismos métodos deleznables de la dictadura. Para evitar conflictividad social en caliente y perder el control de la situación, lo mejor es pillar a los sindicatos y las clases populares con la guardia baja. En frío las cosas pierden relevancia y adquieren otro cariz.

En tiempos de recesión, se impone la mano dura. Sí o sí, el gobierno del PSOE quiere sacar adelante sus medidas anticrisis. Bajo presión y en tiempo récord, sus señorías resucitan el modus operandi de los procuradores en las cortes del caudillo, quienes asentaban sus posaderas en los actuales butacones reformados del mismo hemiciclo. Tal vez por ello se han contaminado. Tal vez por esta razón, cuando pasear por las calles de cualquier ciudad o pueblo de España no es aconsejable, dado las altas temperaturas propias de la estación, y sus habitantes se dejan atrapar en el noble ejercicio de la siesta, la clase gobernante está en vilo y con los ojos bien abiertos. Ellos no descansan. Así, cuando los ingenuos ciudadanos despierten, la peor pesadilla de sus sueños se habrá convertido en realidad. Antes de colgar el cartel cerrado por vacaciones en la puerta del Congreso, parte destacada de sus inquilinos han dado a luz una de las reformas laborales más regresivas que se recuerden en la historia social contemporánea de España y seguramente en la Europa comunitaria. En estos momentos, la patronal ha ganado el pulso a los trabajadores gracias al talante conciliador del presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón militante del PSOE y secretario general del mismo. Los amos del capital están de fiesta, no deben preocuparse, ellos no se examinarán en septiembre. En contrapartida, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, deberán presentarse a la repesca, convocando para el 29 de septiembre a una huelga general, con expectativas poco halagüeñas, si pensamos en su pérdida de credibilidad ganada a pulso durante estos últimos años.

La actual reforma será conocida por introducir el despido libre. Veamos: los empresarios podrán despedir con 20 días de indemnización a sus trabajadores si concurren causas económicas, y se entiende que existen causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A partir de ahora, a los capitalistas les basta mostrar que las ganancias no se corresponden con las expectativas, para entregar la carta de despido. Y para más INRI, a partir de ahora, deberá ser el trabajador quien aporte las pruebas, ante el juez, si procede o no la extinción de su contrato. Ya no será empresario quien deba justificar las causas que concurren en el despido. Todo un avance en la protección de los derechos de laborales.

El siguiente golpe que preparan el PSOE y sus aliados es adecuar la reforma laboral a un nuevo marco global, lo cual significa necesariamente modificar el actual estatuto de los trabajadores. Momento en el cual se propondrán los recortes al derecho de huelga y la negociación colectiva. Por suerte en España gobiernan los socialistas. ¡¡¡Qué sería del país si lo hiciera la derecha!!! Debemos estar contentos, en nombre del progresismo, la factura de la orgía financiera la pagan las clases populares. En esta dinámica, los empresarios se frotan las manos, ven aumentar su poder arropados por una Constitución liberal, social y democrática de derecho bajo la tutela omnipresente de la exitosa economía de mercado.