convocatoria del Congreso, en Nuevo León se trabaja en una iniciativa de ley de participación ciudadana.
El gobierno del estado anunció, por otro lado, que consultará a la ciudadanía sobre la pertinencia de implantar el hoy no circula para atenuar el tráfico que se ha agolpado con motivo de los destrozos causados por el huracán Álex. En sí se trata de un plebiscito (no regulado), figura que con otras (revocación de mandato, referéndum, consulta popular) podría contemplar el proyecto de ley de participación ciudadana.
A ello se suma la propuesta de la diputada panista Josefina Villarreal, recogida por el Congreso, para que éste vigile la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción. El propio gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz ha hecho saber que se creará un comité ciudadano con el mismo propósito. No ha ocurrido lo mismo con el gobierno federal, que pretende manejar una parte sustancial de esos recursos, ni tampoco, hasta ahora, con el de los municipios.
La legitimidad, lo sabemos, si no nace de la transparencia permanece nonata. Y esto puede ocurrir con los fondos extraordinarios que se aplicarán a la reconstrucción.
Algunas precisiones sobre estos temas.
Hasta ahora la experiencia en torno a los organismos ciudadanos adscritos a diferentes áreas de gobierno ha sido la de una ausencia reiterada de falta de autonomía y capacidad crítica de sus miembros. Que así sea responde al método de la participación ciudadana: aquellos son invitados por el titular del Ejecutivo; en la práctica, por tanto, se pliegan a sus decisiones. Al cabo sólo sirven para legitimar incluso algunas medidas que llegan a lesionar la integridad social y el estado de derecho. Salta a la vista el conjunto de decisiones que alteran el hábitat donde se asienta la población. Sus costos suelen ser muy elevados, como lo han probado las crecidas del río Santa Catarina y otros ríos. Se construye donde no se debe y las obras de infraestructura son tan irracionales como caras y de mala calidad. La corrupción permite el quebranto de las normas y frente a los implicados –funcionarios y particulares– no hay una fuerza social que inhiba tal quebranto o que pueda corregirlo a tiempo.
Con el nombre de Patronato Reconstruyamos Nuevo León, un grupo de cinco notables fue reconocido por el gobierno del estado como el órgano representativo de la ciudadanía en las tareas de la rehabilitación. De inmediato le hizo entrega de poco más de 12 millones de pesos. (¿Le sobra dinero al DIF?) Quienes integran ese grupo son todas personas honorables. Algunas de ellas se han destacado en las labores culturales y asistenciales. Pero en su mayoría son también miembros del reducidísimo círculo vinculado a empresas como Cemex y Condulíneas, que han vendido sus bienes y servicios en anteriores reconstrucciones, y Femsa, filial de Heineken en su división cerveza, empeñada –contra la opinión ciudadana– en la construcción de un estadio de futbol en un área verde y riesgosa ubicada en la confluencia de los ríos Santa Catarina y la Silla, con la participación del gobierno estatal en la infraestructura de acceso.
¿No habría sido más lógico que los patrocinadores hubiesen entregado dinero al gobierno de Nuevo León para las necesidades producidas por la contingencia? Algo similar, digamos, a lo que hizo el empresario Roberto González Barrera (Gruma-Banorte), quien entregó 300 millones de pesos a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Cien millones por piocha equivalentes al cinco por ciento de las utilidades de sus empresas en 2009.
Sobre la participación de los empresarios en situaciones límite vale traer a cuento la aportación que hicieron 51 alemanes citada por Andrés Manuel López Obrador en su discurso del domingo 25 de julio. Donaron el 10 por ciento de sus fortunas, a título de contribución extraordinaria, para apuntalar la crisis que padece su país, y de hecho el resto de Europa. Otro ejemplo: los estadunidenses con mayor potencial económico, como Bill Gates, Ted Turner y Warren Buffet, hicieron considerables donaciones cuando se produjeron el tsunami asiático, el huracán Katrina y otros desastres de origen natural hace un lustro.
En México residen prominentes ricos de Forbes y varias asociaciones de inversionistas extranjeros: desde los que invierten en instituciones educativas hasta aquellos que lo hacen en los bienes raíces y la banca. Están igualmente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que agrupa a los propietarios más poderosos del país; el Consejo Coordinador Empresarial y muchas otras organizaciones empresariales. Su disposición ante el desastre causado por Álex ha sido muy pobre cuando no nula.
Pero el gobierno que quiere parecer fuerte mediante un ineficaz despliegue militar no podría mostrarse más débil que a la hora de solicitar la solidaridad de los empresarios para atender emergencias como la que enfrenta México en estos aciagos días. Tal parece que ni siquiera le toman la llamada. Y no se la toman porque saben que no es capaz siquiera de cobrarles los impuestos que debieran pagar. Según el cálculo del bien informado Carlos Fernández-Vega (México SA), los empresarios han dejado de pagar en cinco años más de dos billones de pesos. Cantidad suficiente –sin teletones ni saludos con sombrero de filántropo– para reconstruir varias veces lo destruido y hasta para poder acercarnos a lo que se supone que somos pero no somos: un país en vías de desarrollo.
A la debilidad gubernamental se añade la de una ciudadanía en lo fundamental desinformada, medio organizada y con una mentalidad de empleado-vasallo acentuada en ciertas regiones entre las que destaca Nuevo León. Buena falta le hace una ley de participación ciudadana, que tal vez pueda potenciar lo más importante: prácticas ciudadanas.
