n forma sigilosa y a espaldas de los bajacalifornianos, sigue en marcha el proceso ya casi irreversible de convertir al Estado en el sótano de máquinas de Estados Unidos y en el modelo a seguir para la privatización energética del país.

La Semarnat acaba de autorizar a Sempra Energy México un parque eólico de una capacidad de mil 200 megavatios para instalarse en la Sierra de Juárez en Baja California, que se viene a sumar a la terminal de gas natural licuado ubicada en Ensenada y a las plantas de generación de energía eléctrica de exportación de esa empresa y otras trasnacionales ubicadas en el municipio de Mexicali, cuyos productos tienen como destino el sur de Estados Unidos.

Aparte de la droga, el gas y la energía eléctrica son los productos de mayor exportación de Baja California, con la salvedad de que ni empleos, y mucho menos utilidades, son la contraprestación de dichos servicios. Somos sólo el cuarto de máquinas o el patio trasero de Estados Unidos, gracias a la actitud entreguista y ruin de las autoridades mexicanas.

Siendo la energía un elemento necesario para Estados Unidos, el gobierno mexicano ni tan siquiera ha balbuceado para poner el tema en la agenda bilateral. Entreguismo y corruptelas son las contribuciones de las autoridades en turno con respecto a este delicado tema.

Hoy el escenario cuenta con un nuevo elemento, la Semarnat ha puesto en marcha un proceso para aprobar la creación de una nueva planta de generación de energía eléctrica de 280 megavatios, por parte de la CFE, bajo la modalidad de productor externo, nombre con el que encubren el tan ansiado proceso de privatización de la energía eléctrica, de tal manera que este tipo de productores externos sean los que abastezcan a los usuarios que le generan los montos mayores a la facturación de la paraestatal.

Dicha central eléctrica es de las denominadas de ciclo combinado, que utilizan el gas natural licuado como combustible principal. Se ubicará en los terrenos conocidos como La Jovita, a un lado de la terminal de gas natural licuado de Sempra Energy ubicada en el lugar denominado Costa Azul, en el municipio de Ensenada, la cual surtirá de gas a la nueva central de producción de energía eléctrica.

El terreno donde se pretende construir la planta mide 232 mil metros cuadrados y las obras de la central eléctrica ocuparán una superficie de 185 mil metros cuadrados El nuevo proyecto ha sido denominado por la Semarnat 36 Baja California (Sitio: La Jovita) y es el tercero que el gobierno federal impondrá en un predio destinado a uso turístico y de conservación de patrimonio histórico y recursos naturales. Los otros dos proyectos son la regasificadoras de las trasnacionales Sempra Energy y Z Gas. De la noche a la mañana, el municipio de Ensenada ha pasado a ser exportador energético, en detrimento de su principal actividad económica, como ha sido el turismo de toda la vida, hasta antes de la llegada del PAN al poder en Baja California y en el país.

Es evidente que una planta de estas características afectará lo que queda de la vegetación tipo matorral costero y chaparral que existen en la región, así como las huellas arqueológicas relativas a los pobladores originales de la península. La pretensión permanente de los directivos de la CFE ha sido la privatización de la energía eléctrica en detrimento de la propia empresa y las finanzas del país. Niegan en público lo que sus hechos evidencian.

La figura del productor externo, que contraviene las disposiciones constitucionales, es una modalidad para encubrir el favorecimiento en el precio de la energía a los grandes consumidores. La CFE reporta la existencia de casi 34 millones de usuarios actualmente, de los cuales el sector industrial factura casi 60 por ciento de los ingresos totales de la paraestatal, de tal manera que el interés de los directivos de la energía eléctrica ha sido que las modalidades tales como la de productor externo, entre otras, abastezcan a los grandes consumidores de energía eléctrica.

¿Qué empresa puede ser rentable si le quitan 60 por ciento de la facturación? En México y en el mundo, ninguna. De esa manera la CFE tendrá la obligación de atender a 99 por ciento de los usuarios que facturan sólo 40 por ciento, lo que significa la quiebra de la empresa, siguiendo el modelito de los bancos, que primero los banqueros los quiebran, luego con dinero público los rescatan, y una vez saneados de nuevo los privatizan. ¿O qué no?

Todo esto en medio de un escenario bajacaliforniano donde la fragilidad del tejido social, generada –en gran medida– por una economía tan íntimamente vinculada a la estadunidense, resiente el fuerte embate del crimen organizado, diestro en corromper funcionarios e instituciones y en disolver, con oro o plomo, todo dique que retenga su expansión. Las instituciones públicas y privadas, sobre todo el gobierno de la entidad, tratan de administrar la vida del estado, pero no dan alternativas de fondo a los problemas que se afrontan. La íntima dependencia bajacaliforniana de la economía más poderosa del mundo requiere de un diseño global específico donde quede a salvo el derecho a la seguridad jurídico-social y al bienestar de la vida moderna.

Estas características se suman a la importancia estratégica de la ubicación geográfica de Baja California y permiten advertir la dimensión del conflicto: este es un asunto de seguridad nacional. El reto es diseñar y ejecutar una estrategia política que expanda una nueva racionalidad, moderna, económica, política y socialmente. Se trata de cumplir con el pacto federal y desatar procesos que, sin menoscabar el estado de derecho y la decisión ciudadana, lleven a una salida equilibrada a las tensiones y presiones que se acumulan peligrosamente en el estado de Baja California.