La Procuraduría General de la República (PGR) busca pruebas para demostrar que la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) número dos, ubicado en Gómez Palacio, Durango, Margarita Rojas Rodríguez, quien actualmente permanece arraigada, recibía dinero de bandas criminales ligadas al cártel de Sinaloa, a cambio de permitir privilegios a reos de ese penal.

Según consta en el expediente judicial, abierto a partir de la petición de arraigar a la mujer y tres custodios de la cárcel duranguense, un testigo protegido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aseguró que Rojas recibía entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales de operadores de Gente Nueva, banda delictiva que opera para el capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Un caso similar ocurrió en 2009, cuando fue detenido el ex director de la prisión zacatecana de Cieneguillas, Eduardo Romero, y alrededor de una veintena de custodios de ese centro penitenciario, horas después de una fuga masiva. A Romero y a los guardias de ese reclusorio se les acusó de recibir sobornos mensuales a cambio de permitir privilegios a presos, muchos de los cuales pertenecían al grupo delictivo Los Zetas, acérrimos rivales del cártel de Sinaloa.

Respecto de las imputaciones contra la directora del Cereso dos de Gómez Palacio, funcionarios del Poder Judicial Federal que tuvieron acceso a las constancias ministeriales aportadas por la SIEDO revelaron que un detenido, que aceptó convertirse en testigo colaborador de la fiscalía federal antidrogas, declaró que Margarita Rojas y algunos custodios mantenían complicidad con gente del grupo (delictivo) de Sinaloa.

El testigo protegido es, supuestamente, uno de los guardias del Cereso, quien fue capturado como parte del grupo de custodios y funcionarios sujetos a investigación por el asesinato de 17 jóvenes la madrugada del 18 de julio pasado, durante una fiesta efectuada en una finca del ejido San Luis, municipio de Torreón, Coahuila.

Con ese testimonio, la PGR consiguió el arraigo contra Rojas por 40 días. Ahora los fiscales de esa dependencia recaban pruebas para demostrar los niveles de corrupción en el penal de Gómez Palacio, pues existen indicios de que la funcionaria autorizaba que un grupo de internos saliera por las noches en vehículos oficiales y con armas de los custodios para cumplir ejecuciones por encargo. Ese comando habría efectuado su más reciente matanza en la quinta Italia Inn, en Torreón.

Desde el pasado 24 de julio, Rojas Rodríguez quedó bajo arraigo, junto con los custodios Francisco Carlos Alberto Uranga Orona, Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Rivas Ordaz.

A la funcionaria y a los guardias se les abrió una investigación por delitos de los fueros común y federal, entre ellos delincuencia organizada y evasión de reos.

Los arraigos fueron declarados con base en un video de la página de Internet YouTube, en el cual un policía de Lerdo, antes de ser ultimado, acusó a Rojas Rodríguez de permitir la salida de un recluso, a quien se involucra en la matanza de 17 jóvenes en Torreón.