a ley SB 1070 constituye un claro retroceso. Las siglas SB 1070 se han convertido en sinónimo de intolerancia, de xenofobia, de marcada discriminación racial. Implica la construcción de nuevos muros, aumentar las distancias entre dos naciones vecinas que tienen una historia, un presente y un futuro de profundos vínculos, implica destruir puentes. Es sin duda una ley que lastima no sólo a todos los mexicanos, sino que lastima la dignidad humana.

Esta ley contiene un conjunto de disposiciones que facultan a los policías locales a detener y, en su caso, encarcelar a cualquier persona de quien se tenga la sospecha razonable de no contar con la autorización para permanecer en Estados Unidos (es decir, un migrante indocumentado). Además de los dilemas operativos que la hacen de muy difícil aplicación, la ley en cuestión seguramente derivará en prácticas racistas en contra de migrantes mexicanos y vulnerará sus derechos humanos.

La pregunta central para los policías locales consiste en determinar en qué condiciones podrían tener la sospecha razonable de que una persona se encuentra en situación indocumentada o irregular. En un estado como Arizona, al parecer la respuesta más directa es la de parecer mexicano. El escenario es aún más grave porque por lo menos otros 14 estados de ese país están valorando legislaciones similares.

El Congreso y la gobernadora de Arizona se equivocan rotundamente. Arizona tiene cerca de 6.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 2 millones son de origen latino, es decir, parecen mexicanos.

Además de la distracción que esta ley representa para la policía local (que en lugar de perseguir verdaderos delincuentes tendrá que desperdiciar recursos y tiempo en la interpelación de por lo menos 30 por ciento de los residentes del estado), simplemente se genera un espacio de abuso contra la población mexicana y de origen mexicano en Arizona.

En Estados Unidos hay 27 millones de connacionales: 12 millones nacidos en México y otros 15 millones nacidos del otro lado de la frontera. Todos sabemos que los migrantes mexicanos no ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos ni son delincuentes. Por el contrario, como han demostrado infinidad de investigaciones de manera contundente, contribuyen a la economía, la cultura y al desarrollo de ese país, como igualmente lo hacen al desarrollo de México.

Nuestra agenda bilateral tiene que partir del principio de que compartimos presente y futuro y que juntos seremos mucho más fuertes en un mundo en el que las relaciones entre países serán cada vez más intrincadas. No basta criticar o denunciar a los residentes de Arizona o a los estadunidenses que apoyan la SB 1070. Debemos avanzar urgentemente para reforzar los canales de diálogo fructífero, el ejercicio de la justicia y la construcción de puentes que protejan y enaltezcan la dignidad humana.

Aun entendiendo que por Arizona transitan hoy día la mayor parte de migrantes indocumentados en su intento por entrar a Estados Unidos y que eso genere tensiones locales que la gobernadora y un sector amplio de la población en ese estado desean resolver, el camino elegido no es el correcto. Los migrantes no van a Estados Unidos en busca de aventura.

Por el contrario, van en busca de trabajo y se incorporan a actividades y labores donde los necesitan, aunque para ello enfrenten muchos riesgos al internarse a través del desierto. Además, hay muchas investigaciones que demuestran que los trabajadores mexicanos no desplazan a los estadunidenses. No es sorprendente que los flujos hayan disminuido con la desaceleración de la economía.

La dignidad humana no es negociable ni está sujeta a aprobación; y sea lo que sea que determine la juez federal estadunidense Susan R. Bolton sobre la entrada en vigor de la polémica ley SB 1070, como mexicanos, en apoyo a nuestros connacionales, a nuestra historia y a los valores de la solidaridad que siempre nos han caracterizado, debemos seguir alzando la voz y construir los puentes que sean necesarios para evitar que la discriminación y el odio raciales se conviertan en una abrumadora amenaza para la relación bilateral, y peor aún, en un atentado contra los derechos humanos fundamentales.

La migración es un tema en el que México y Estados Unidos deben asumir sus responsabilidades. El proceso migratorio no se detendrá en un futuro inmediato, entre otras razones porque éste tiene profundas raíces estructurales y una prolongada tradición histórica. En consecuencia, a todos conviene, sobre todo a los migrantes, que el proceso ocurra de manera ordenada y segura.

La crisis que genera la ley SB 1070 debe servirnos para abordar el tema de la migración de manera diferente en ambos países. Como dijera Octavio Paz: en la frontera chocan no sólo dos niveles de desarrollo, sino dos cosmovisiones.

El desafío estriba en articular –a partir de un espíritu de responsabilidad compartida– una solución realista, constructiva, integral y de largo plazo. México requiere reformas en temas fundamentales para la vida de las personas: en todo lo que construye capital humano, en la infraestructura, en la regulación económica y en los medios de participación política. Todos y cada uno de estos ámbitos inciden en el desarrollo de las personas y facilitan o impiden que lo alcancen en su vida.

El tema de fondo es que existe en Estados Unidos un mercado laboral que funciona y que hace caso omiso de la frontera. En este sentido, tenemos tareas pendientes y deudas reales con millones de migrantes que buscan oportunidades y mayores ingresos en el país del norte por no encontrarlos aquí.

Miles y miles de migrantes están en calidad de indocumentados. Están en situación de mayor vulnerabilidad y desventaja. No es casual el valor que nuestras comunidades otorgan a un documento oficial que los proteja mínimamente. Frente a esto, en un país profundamente legalista, miles de estadunidenses colocan a los migrantes como ilegales, con todas las consecuencias que esto conlleva.

Mientras tanto, en México debemos rechazar esta ley de manera decidida y enérgica. Una vez superada la coyuntura, es preciso redoblar los esfuerzos para intentar darle orden y cauce legal a un flujo del que dependen millones de hogares en México.

* Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.