Washington, 27 de julio. El Pentágono no puede rendir cuentas por casi 9 mil millones de dólares en ganancias del petróleo de Irak y otros fondos que recibió para programas de reconstrucción tras la invasión de Estados Unidos el 20 de marzo de 2003, reveló hoy una auditoría.

La falla en los controles dejó los fondos vulnerables al uso inapropiado y pérdidas no detectadas, indicó un informe de la oficina del inspector general para la Reconstrucción de Irak.

El Pentágono recibió 9 mil 100 millones de dólares en 2004 de un fondo de las autoridades estadunidenses en Irak, destinado a que los iraquíes se beneficien con las ganancias por la venta de petróleo y gas y de los bienes confiscados al régimen de Saddam Hussein.

Pero la auditoría encontró que el Pentágono no puede justificar apropiadamente 8 mil 700 millones de dólares porque las agencias de defensa que los recibieron no crearon cuentas en la Tesorería ni se estableció un organismo de control.

El cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Comando Central de Estados Unidos cuestionaron las conclusiones, agregó el informe.

Estados Unidos invadió Irak el 20 de marzo de 2003 con el pretexto de poner fin a programas de armas de destrucción masiva del régimen de Hussein. Dichas armas jamás se encontraron y las tropas estadunidenses permanecen en ese país.

Por otro lado, 230 detenidos fueron ejecutados en Irak entre principios de 2005 y finales de 2009, mientras que en la actualidad hay más de mil 200 condenados a muerte, indicaron fuentes oficiales.

Según informes judiciales, actualmente hay mil 254 condenados a muerte que aún pueden apelar la sentencia, y hubo 230 ejecuciones entre 2005 y finales de 2009, según las fuentes.

En enero pasado, la Corte Suprema afirmó que 77 detenidos condenados por terrorismo fueron ejecutados en 2009.

Amnistía Internacional (AI) estimó en diciembre de 2009 que 120 personas fueron ejecutadas el año pasado.

Según AI, muchos condenados a muerte fueron declarados culpables de asesinatos o secuestros y algunos pudieron ser condenados tras juicios injustos o usando confesiones obtenidas bajo tortura.

En febrero pasado, Francia, Gran Bretaña e Italia instaron a Irak a dejar de aplicar la pena de muerte.

En Afganistán, otro país invadido por Estados Unidos en la región, el gobierno y funcionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se disputaron el número de víctimas civiles que dejó un operativo contra los talibanes.

El vocero gubernamental Siamak Herawi dijo que 52 personas, incluidos niños y mujeres, murieron a causa de un ataque con cohete de la OTAN el viernes en Sangin, provincia de Helmand.

La fuerza liderada por la OTAN dijo que una investigación preliminar aún no revela muertes civiles.

La Organización de Naciones Unidas dijo estar profundamente preocupada por los reportes y llamó a una investigación exhaustiva.

El presidente afgano, Hamid Karzai, condenó fuertemente el ataque y pidió a las fuerzas encabezadas por la OTAN dar prioridad a la protección a civiles en su campaña militar, indicó su despacho a través de un comunicado que citó las mismas cifras de bajas a causa del ataque.

La alianza atlántica insistió en que una investigación conjunta con el gobierno afgano no ha encontrado hasta ahora evidencias de muertes de civiles, mientras un funcionario provincial sugirió que los residentes incluso pudieron inventar esa versión.