La jurisprudencia aprobada el pasado 9 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala la reducción del tope de cotización para las pensiones de un millón 200 mil trabajadores de 25 a 10 salarios mínimos, lo que afectará derechos adquiridos de ese segmento de la población vinculado a la clase media. En cambio, los jueces y magistrados tienen garantizado que, tras su retiro, a los 65 años de edad, gozarán de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual, que supera los 100 mil pesos, gracias a una serie de fideicomisos millonarios.

Durante el segundo trimestre de 2009, los fideicomisos correspondientes a la administración del fondo de aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de juzgadores federales, así como el relativo a la administración del fondo para pago de pensiones complementarias de jueces y magistrados federales, sumaron un saldo favorable de 2 mil 339 millones 299 mil 933 pesos, según consta en un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal (PJF).

El documento –que puede consultarse en la página de Internet del CJF– fue aprobado por el pleno de los siete consejeros de la Judicatura el 15 de julio de 2009, como parte del informe que se rinde de manera trimestral a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se publica en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento de la obligación del Poder Judicial establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para los ministros de la SCJN también fue creado un fideicomiso de pensiones que les garantiza que, tras su retiro, tengan sueldos decorosos que les permita mantener el nivel de vida al que están acostumbrados.

El considerando segundo de ese informe refiere que “de conformidad con lo señalado en el supuesto normativo presupuestal federal en comento, el CJF presenta la siguiente información:

“1. Contrato de fideicomiso 4546-2 con el Banco Internacional, ahora HSBC México SA, para la administración del fondo por concepto de las aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces del PJF.

El contrato aludido se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones que, a través de descuentos por nómina, se efectúan a los magistrados y jueces, así como por los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al mantenimiento de viviendas asignadas a magistrados y jueces. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 25 millones 740 mil 667 pesos, indica el informe.

“2. Contrato de fideicomiso F/676 con Ixe Banco SA, para la administración del fondo para el pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito del PJF.

El contrato aludido se conforma por los recursos transferidos por la SCJN, así como por otros ingresos y los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y comisiones bancarias por administración. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 2 mil 313 millones 559 mil 266 pesos. Incluye ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras, intereses, plusvalías y minusvalías, así como pensiones pagadas a magistrados y jueces y comisiones pagadas al fiduciario, además de comisiones bancarias, informó el CJF.

En el país todos los jueces y magistrados federales, aparte de su salario mensual –que supera los 100 mil pesos– tienen apoyo para mantenimiento de vivienda, seguro de vida y de gastos médicos mayores (adicional al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), capacitación constante, una tasa de interés preferencial en el banco HSBC sobre créditos para la compra de automóviles y de casa habitación y, por si fuera poco, tras su retiro, a los 65 años de edad, pueden gozar de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual y para conservar sus prestaciones, excepto los bonos trimestrales.

La Jornada publicó, en su edición del pasado jueves, que el 9 de junio pasado la segunda sala de la SCJN aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis de jurisprudencia presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.

De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.