León, Gto., 26 de julio. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) inició una investigación por ejercicio indebido de la función pública contra el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, en relación con seis mujeres que abortaron y fueron procesadas y encarceladas por homicidio en razón de parentesco.

El despacho del ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera integró la queja 218/10-A contra Juan Manuel Oliva; el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre; el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, y el secretario de Salud, Jorge Armando Aguirre Torres.

La legisladora perredista Leticia Quezada Contreras, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados federal, presentó la queja respectiva contra los funcionarios del gobierno panista estatal.

El 17 de agosto de 2009 La Jornada publicó que en Guanajuato hay mujeres acusadas de homicidio por haber abortado y recibieron sentencias hasta de 35 años de cárcel.

En el reclusorio de Puentecillas y en el de Valle de Santiago hay seis mujeres en esta situación que purgan penas de 25 a 29 años, aseguró la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

El 9 de junio de 2010 el magistrado de la décima sala penal Miguel Valadez Reyes absolvió y dejó en libertad a Alma Yareli Salazar Saldaña, quien llevaba tres años en el penal de Puentecillas acusada de homicidio en razón de parentesco, sentenciada a 27 años y seis meses de cárcel.

El procurador Carlos Zamarripa Aguirre argumentó el 23 de julio que a esta mujer se le acusó de homicidio porque abortó cuando el proceso de gestación estaba muy avanzado.

Mientras, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, afirmó que en algunas personas los tatuajes y la forma de vestir muestran pérdida de los valores y desprecio por la vida.

El clérigo respaldó así la postura de la impugnada directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Luz María Ramírez, quien aseguró que las mujeres que se hacen tatuajes y perforaciones son muestra de pérdida de valores.