Tierra Blanca, Gto., 25 de julio. Guanajuato deja de recibir cada año 120 millones de pesos en recursos federales para apoyar a pueblos indígenas porque los poderes Ejecutivo y Legislativo locales se niegan a promover y aprobar una ley que beneficiaría a 40 mil integrantes de las etnias del estado, aseguró el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) región Querétaro-Guanajuato, Aurelio Sigala Páez.

(La aprobación de la ley) es un asunto de voluntad política, de decisión, y también el reconocimiento de un derecho de estos pueblos, sostuvo.

Se calcula que en Guanajuato hay 40 mil indígenas en 83 comunidades de los municipios de San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Victoria, Tierra Blanca y San Miguel de Allende, así como una población flotante en León.

La CDI maneja ocho programas, entre los que destacan los de apoyo a la producción, fomento y desarrollo de las culturas indígenas, proyectos productivos para mujeres, turismo alternativo y conservación de recursos naturales, detalló Sigala Páez.

El gobierno federal destina hasta 20 millones de pesos a cada municipio con presencia indígena para el desarrollo de estos programas, pero los estados deben tener una ley que los proteja, indicó.

Agregó que si el Congreso de Guanajuato aprobara una ley para la protección y el desarrollo de los grupos étnicos armonizaría la Constitución estatal con el artículo 2 de la Carta Magna.

De acuerdo con Aurelio Sigala, sólo 10 entidades de México armonizaron sus legislaciones locales con la Constitución federal; Guanajuato no lo ha hecho.

Insistió en que cada año el gobierno del estado deja de captar hasta 120 millones de pesos para obras públicas y programas en beneficio de los indígenas de seis municipios, por falta de una ley específica para este sector.

En la legislatura pasada, los ayuntamientos de Victoria y Tierra Blanca y el Consejo Estatal Indígena enviaron una iniciativa de ley que ni siquiera ha sido analizada por los diputados.

En la administración estatal 2000-2006, grupos indígenas solicitaron al Poder Ejecutivo una iniciativa de ley, pero el entonces gobernador, el panista Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que no era necesaria.

Por su parte, la indígena chichimeca-pame Adalberta Mata, integrante del Consejo Estatal Indígena, dijo: Sólo pedimos reconocimiento, nada más. No es nada del otro mundo.