Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de diferentes estados de la República acordaron integrar una coalición en apoyo al movimiento ciudadano en contra de la supervía poniente, para reforzar las acciones en defensa de la ecología.

Durante un foro en el que participaron representantes de agrupaciones sociales de Morelia, Guadalajara, Cuernavaca y Querétaro se propuso difundir por medio de las redes sociales de Internet la situación que se vive en la zona, así como realizar un encuentro en las ciudades de Jalapa y Monterrey, para informar de las acciones del Gobierno del Distrito Federal y evitar que los proyectos viales que se venden como desarrollo afecten a los ciudadanos y los ecosistemas.

Durante el foro, cada uno de los participantes expuso la experiencia vivida por la construcción de ambiciosas obras impulsadas desde los gobiernos de sus estados. En el caso de la supervía poniente, carretera de cuota destinada a conectar una de las zonas más codiciadas (Santa Fe) con el sur de la ciudad, indicaron que con base en el trazo del proyecto se dañará una gran reserva ecológica, donde se recarga 70 por ciento del acuífero de la capital.

Añadieron que con la licitación, avalada por la Secretaría de Medio Ambiente local, el gobierno de la ciudad adquirió la obligación de autorizar los permisos ambientales. Se compromete a hacerlo; en caso contrario tendrá que indemnizar a la empresa que obtuvo la concesión, expuso Luis Miguel Cano, representante legal de los opositores al proyecto, quien cuestionó la credibilidad de la dependencia capitalina.

Resaltó la participación efectiva con información previa, que, dijo, es el camino para una democracia auténtica y no sólo representativa. Por ello, dijo, el movimiento ciudadano no trata sólo de defender casas, sino que es una lucha colectiva, a la cual el gobierno no ha tomado en cuenta.

Y alertó: “ hay que estar muy pendientes de los negocios que hay detrás de esta supervía, porque eso es lo que indica a la ciudadanía que el gobierno diga va porque va. Y eso es lo que tenemos que evitar”.

Los ambientalistas acordaron apoyar la manifestación del próximo domingo 1º de agosto, fecha en que, comentaron, empezará la construcción de la supervía poniente. Además esta semana definirán las acciones legales en torno a su demanda de amparo, que sigue en curso.

Cristina Barros, integrante del Frente Amplio contra la Supervía, denunció el acoso de que fueron objeto los vecinos de la colonia La Malinche durante el proceso de expropiación, que dejó devastada una colonia que se caracterizaba, desde su fundación, hace 50 años, por su fuerte tejido social. También familias desintegradas y divididas porque el proyecto, reiteró, atenta contra la vida de las personas.