e las diversas funciones que tiene la Secretaría del Trabajo del gobierno de la ciudad, una a la que su actual titular le ha dado impulso y presencia, que había perdido en los años recientes, es la organización de empresas cooperativas como alternativa al desempleo y a la baja de las inversiones.
Simultáneamente, las más importantes cooperativas del país han logrado finalmente organizar el Consejo Superior del Cooperativismo, obstaculizado desde las épocas de Pedro Aspe como secretario de Hacienda. Las dificultades fueron múltiples y se escondían en las mismas leyes que deberían fomentar esta forma popular de organización económica alternativa.
En abril de este año se logró finalmente reunir un congreso fundacional que superó los obstáculos de la Ley de Sociedades Cooperativas, para lo cual se apeló directamente a la libertad de asociación, garantizada por el artículo noveno constitucional. Si los impulsores se hubieran constreñido a la ley mencionada, que tiende a controlar y limitar el crecimiento del cooperativismo, hubieran tenido que esperar a que las confederaciones y organismos de asistencia técnica, pura burocracia, estuvieran en aptitud de crear el consejo, lo que no han hecho durante los recientes 16 años.
El impulso surge de los interesados, pero también de las comisiones especiales del Congreso y del apoyo de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal; entre las organizaciones que se echaron a cuestas la convocatoria está, por supuesto, la emblemática Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, también la cementera Cruz Azul y otras no menos importantes como la Sociedad Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, Grupo Alijadores de Tampico y varias cajas populares que tienen un antiguo historial en el mundo del cooperativismo.
No faltaron por supuesto las cooperativas de consumo organizadas ni la Confederación Nacional de Abasto y Distribución y la Alianza Cooperativista Nacional.
No fue fácil culminar con el proceso de organización que llevó varios años de debates y de esfuerzos, para superar los obstáculos que los gobiernos neoliberales de los sexenios recientes, en la ley y en la práctica, han opuesto al cooperativismo, sistema justo, de empresas alternativas, propio de la democracia participativa y parte importante del sector social de la economía, reconocido expresamente en la Constitución.
Estamos en un debate motivado por las fechas históricas que se conmemoran en este 2010 y también por el desastre económico al que la política protectora del libre mercado nos ha llevado; el debate en buena medida se ha centrado en cambios políticos, en la reorganización del estado, de los partidos y de la forma de hacer política, pero es indispensable no olvidar que la economía y especialmente el sistema de distribución de la riqueza exige, si es que queremos un cambio de fondo, de nuevos causes, distintos a los de la empresa tradicional, en la que unos son los propietarios, siempre una minoría y los más, los trabajadores, son asalariados que venden su esfuerzo por un sueldo cada vez más raquítico y con mas exigencias de tiempo, dedicación y renuncia a libertades personales.
En el cooperativismo, los dueños de la empresa son los que trabajan en ella; así, nadie explota a nadie, si la empresa cooperativa se encuentra en dificultades, lo último en que se piensa es en las liquidaciones y en los despidos, dado que su esencia está en el trabajo y no en la protección de las ganancias del capital.
Es por ello alentadora la fundación del Consejo Superior del Cooperativismo y que en el Poder Legislativo y en el Gobierno del Distrito Federal se explore esta veta de la economía popular y se ponga en la mesa de discusión sobre los cambios que se avecinan, un tema toral para la justicia distributiva, hoy postergada por los principales actores de la política oficial, pero no olvidado por la gente.
