A la corresponsabilidad que demanda el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado debe anteponerse la sensibilidad política del presidente Felipe Calderón para comprender que la estrategia empleada hasta ahora ha sido equivocada y claramente ineficaz, afirmó el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

El perredista insistió en que gobernadores, académicos e investigadores han reiterado que la espiral de violencia no se va a frenar con el uso excesivo de la fuerza, sino que hace falta incorporar elementos como la educación y el empleo, entre otros.

Entrevistado luego de cancelar los trabajos preparatorios del foro sobre la construcción de una política migratoria integral y democrática en el México del bicentenario, que tendrá lugar en la ciudad de Morelia los días 23 y 24 de septiembre, Leonel Godoy externó la disposición de participar en la elaboración de una estrategia distinta a la actual para enfrentar al crimen organizado.

Recordó que si bien es responsabilidad del gobierno federal combatir esos delitos, la actual situación por la que atraviesa el país no permite posponer un debate sobre la urgente necesidad de cambiar la política que insiste en aplicar el gobierno del presidente Calderón.

Mencionó que todos los mandatarios estatales que integran la Confederación Nacional de Gobernadores han expresado su decisión de apoyar el esfuerzo del gobierno federal; sin embargo, insistió, los resultados obtenidos a la fecha exigen cambiar el rumbo.

Previamiente, el gobernador michoacano fue interrogado sobre el fenómeno migratorio en el país y destacó que al menos en lo que concierne a Michoacán no se ha registrado un incremento en el flujo de personas que abandonan el país en busca de mejores oportunidades, motivado por el fenómeno de la violencia.

Destacó que se mantiene entre 20 y 30 mil michoacanos al año el flujo migratorio hacia Estados Unidos, lo que coloca a esta entidad en el primer lugar en el país de expulsión de mano de obra, “situación que, por supuesto, no nos hace sentirnos orgullosos.

Urge una nueva ley que proteja los derechos humanos de los connacionales en el extranjero y de los extranjeros, particularmente centroamericanos, que ingresan a territorio nacional, dijo.