Pachuca, Hgo., 22 de julio. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) e integrantes del movimiento cívico Todos Somos Zimapán acordaron en una reunión privada la cancelación definitiva de los permisos para que opere en el municipio de Zimapán un confinamiento de residuos tóxicos construido por la firma española Abengoa, con inversión de 12 millones de dólares.

La planta, construida entre finales de 2004 y 2007, tiene capacidad para almacenar más de 170 mil toneladas de residuos peligrosos al año, pero no operará, por orden del gobierno federal.

El dirigente de El Barzón Popular, Crescencio Morales, y el dirigente de Todos Somos Zimapán, Arturo Williams Trejo, sostuvieron que la reunión efectuada en la SG la tarde del martes fue de amigos y en ella participaron el subsecretario Roberto Gil e integrantes de Todos Somos Zimapán, quienes dieron fe de los acuerdos.

Añadieron que se pidió no divulgar el convenio debido a que Abengoa y su representante en México, Befesa, podrían presentar una demanda contra el gobierno federal por violación del Acuerdo Internacional de Protección a las Inversiones, lo que podría costar a México una indemnización de 99 millones de dólares.

De esta forma, tras una larga lucha los ciudadanos de Zimapán lograron que se diera marcha atrás al confinamiento, ubicado en el ejido Cuauhtémoc, en la comunidad Botiña, a unos 160 kilómetros de la capital del estado.

La planta ocupa 133 hectáreas, por las cuales Befesa paga una renta de 10 mil pesos mensuales. El vertedero, con capacidad de 600 mil toneladas de desechos peligrosos, abarca una superficie de 24 hectáreas, donde se asienta uno de seis vasos contenedores de 800 metros de diámetro por 160 de profundidad.

El líder de Todos Somos Zimapán, Williams Trejo, afirmó que luego de casi cinco años de plantones y enfrentamientos con policías estatales y federales, los ciudadanos vencieron.

Dijo que el gobierno federal reconoció que se estaba poniendo en riesgo las vidas y la salud de los habitantes de Zimapán, y que podría haberse agravado la contaminación del agua con arsénico.

Ambos dirigentes reconocieron la posibilidad de que Befesa demande a la administración federal, pero confiaron en que ésta ganará y no pagará un centavo a la empresa, que se instaló en Hidalgo mediante engaños, pues primero aseguró que pretendía instalar una planta recicladora de desechos industriales y luego resultó que era un vertedero de residuos altamente tóxicos.