Campesinos e indígenas otomíes y nahuas de Hidalgo manifestaron su repudio a la ley SB1070 de Arizona, que entrará en vigor el día 29, y demandaron al gobierno mexicano una acción más firme en defensa de los connacionales.

Frente a la embajada de Estados Unidos –fuertemente resguardada por elementos de la policía capitalina–, los cerca de 300 integrantes del consejo supremo ñañú, encabezados por Héctor Pedraza Olguín, miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, aclararon que los más de 11 millones de migrantes mexicanos no son delincuentes: contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos.

Mujeres, niños y hombres de las comunidades indígenas asentaron que dicha ley es xenofóbica y discriminatoria. Su aplicación tendrá un efecto dominó y rompe con los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, agregó el legislador.

Recordó que en 1942 más de un millón de mexicanos contribuyeron al desarrollo de los campos agrícolas estadunidenses; la mano de obra de los connacionales ha sido un pilar para el país gobernado por Barack Obama; en 1984 se regularizó la estancia de 2.5 millones de mexicanos, es justo que ahora se vuelva a imponer una amnistía.

Ante los manifestantes, que portaban carteles de rechazo a la ley SB 1070, Pedraza Olguín comentó que la ley Arizona es la más severa y cruda en contra de los migrantes, que afectará de inmediato a medio millón de connacionales; ya genera la caza de mexicanos.

En una carta dirigida al embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, el consejo supremo ñañú y el legislador pidieron que se respeten los derechos humanos y laborales plasmados en los tratados y acuerdos internacionales. La ley SB1070 vulnera dichos acuerdos y tratados. Pedimos al gobierno de Obama que cumpla con su promesa de campaña para retomar el acuerdo migratorio y establezca mecanismos de migración legal, segura y ordenada, pues ello abona a la seguridad de ambos países.