Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que en diversas partes de la República ha desaparecido el estado de derecho.

Al participar en la presentación del Manifiesto ciudadano para exigir un acuerdo político nacional, firmado por más de 200 organizaciones de la sociedad civil que integran la iniciativa México a Debate, Góngora sostuvo que, frente a la escalada de violencia en el país, no hay quien meta orden y exigió a las autoridades que hablen con la verdad y no nos escondan los datos.

En las instalaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Góngora respaldó la iniciativa en la cual, dijo, los ciudadanos intentan buscar soluciones a los problemas de la nación, y agregó: necesitamos que el pueblo de México vuelva a creer en el gobierno; tal vez, no tanto en sus dirigentes, pero sí en sus instituciones. En este sentido, confió en que los movimientos sociales pueden ser la llave para recuperar el estado de derecho y las libertades.

En tanto, Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred, añadió que la pérdida de la calidad de la democracia en el país no se revertirá por vía de la clase política, sino por la acción ciudadana.

Esto no va a venir de los actores políticos ni de quienes detentan este poder o el económico. Tiene que haber una participación ciudadana con mucha más fuerza y mucha más presión.

Por su parte, el presidente de la Alianza Indígena Mexicana, Alberto Simón Ramos, informó que debido al incremento de la delincuencia organizada los pueblos indígenas han empezado a organizarse para su protección.

En este contexto, el líder ñahñú explicó que organizaciones delictivas como Los Zetas han amenazado y secuestrado a representantes de comunidades del estado de Hidalgo, por lo que la población indígena se ha unido para defenderse ante nuevas amenazas.

Hemos hecho nuestras guardias comunitarias; cada pueblo tiene las suyas y están funcionando. Cuando un pueblo se organiza de esa manera, también se combaten los vicios, afirmó.

Explicó que la militarización que pretende combatir al crimen organizado, especialmente en los estados de Oaxaca y Guerrero, ha repercutido en la falta de garantía de los derechos humanos de los indígenas, en particular de las mujeres.

Hemos denunciado esto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en instancias del gobierno federal, pero es muy difícil, porque en el propio sistema se cubren unos a otros, aseguró.