La respuesta del gobierno federal de enviar una ambulancia al Zócalo capitalino con una unidad médica especializada no es una medida cautelar para preservar el derecho a la vida de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, afirmó el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Marat Paredes Montiel.

Medidas cautelares es que se preserve el derecho a la vida de quienes están en la huelga de hambre y se privilegie la negociación política, dijo.

Indicó que si bien el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, se comunicó a la CNDH para manifestar la aceptación de la petición de ese organismo defensor de las garantías individuales, falta que se abran los canales de diálogo para que el SME y representantes del gobierno de Felipe Calderón negocien y logren un acuerdo para evitar que haya muertes de por medio.

En entrevista con La Jornada, Paredes Montiel expresó que existe preocupación en la CNDH por el estado de salud de Cayetano Cabrera, quien lleva 87 días en huelga de hambre, y de Miguel Ángel Ibarra, entre otros electricistas en ayuno en demanda de la restitución de su empleo a 44 mil trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Por otro, lado hizo notar que falta la respuesta del secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, quien tiene tres días para cumplir con la medida cautelar de ese organismo.