or fin el presidente Obama fijó su posición con respecto a los temas migratorios. Era una deuda que tenía con el electorado latino, que mucho le ayudó a llegar al gobierno. Se le exigía a Obama una definición, pero primero tuvo que resolver la crisis financiera, luego llevar a buen fin su propuesta de seguridad social y ahora, finalmente, aborda el tema migratorio.

Su primer movimiento de fichas fue un discurso donde señaló la importancia que tiene para Estados Unidos una reforma migratoria integral. Se parte del reconocimiento de que el sistema migratorio estadunidense está colapsado y que es urgente y perentorio solucionar tres problemas fundamentales: ¿qué hacer con la lista de espera de los solicitantes de visa de residencia y reunificación familiar que llevan décadas esperando en la cola? ¿Qué hacer con los 11.9 millones de indocumentados que ya viven y trabajan en territorio estadunidense? ¿Y qué hacer para que el futuro lleguen de manera legal, segura y ordenada los trabajadores que se requieran?

Se podría añadir un cuarto problema que hay que solucionar. ¿Qué hacer con los millones (dos, tres, cuatro, nadie sabe) de indocumentados que no puedan pasar las difíciles pruebas que se les van a poner para legalizar su situación? La respuesta es obvia, hay que deportarlos. Pero no va a ser tan fácil. Hay una tradición centenaria de migración indocumentada, empezando por los empleadores que desde siempre contratan trabajadores irregulares.

Por si fuera poco, los republicanos ponen una quinta condición o añaden un quinto problema. Antes de hablar de reforma migratoria, el presidente Obama tiene que solucionar la inseguridad y vulnerabilidad de la frontera. Algo que es prácticamente imposible, porque una frontera con millones y millones de personas y vehículos que circulan anualmente es muy difícil de controlar y siempre tendrá problemas. Es algo que hay que manejar, pero no se puede encontrar una solución definitiva. Con esa premisa los republicanos se lavan las manos y se niegan a darle apoyo al presidente Obama para empezar a discutir una reforma migratoria.

Sin embargo, la frontera es sólo una parte del problema, ya que la mayoría de indocumentados son migrantes que entraron legales, como turistas, estudiantes o trabajadores temporales y se quedaron más del tiempo estipulado. El ingreso legal tiene fisuras graves, tantas que ha permitido el ingreso de terroristas. El asunto no es fácil de resolver; para poder solucionarlo hay que tener un control estricto de las salidas. Si no se controla la salida no hay manera de saber quién pasó de la legalidad a la irregularidad.

El segundo movimiento de Obama fue impugnar la ley SB 1070. Una jugada que ya se esperaba, porque el plazo estaba a punto de acabarse el 29 de este mes. El argumento de la impugnación legal radica en que el tema migratorio, de acuerdo con la Constitución, es un asunto federal, y que el estado de Arizona está usurpando funciones que no le corresponden.

El caso presentado por el Abogado General de la Nación enfatiza que el poder federal tiene una prominente autoridad para regular asuntos migratorios y que se deben tomar en consideración, para aplicar la ley, una serie de consideraciones humanitarias y convenios internacionales signados por el país. De este modo el estado de Arizona no puede aplicar una ley que interfiere con las leyes migratorios federales. Sin embargo, este es un punto delicado y problemático para la demanda, porque la SB 1070 cuidó muy bien de acercarse lo más posible a las disposiciones federales, precisamente para no interferir y evitar la impugnación por razones constitucionales.

Por otra parte la demanda afirma que la Constitución no permite el desarrollo de múltiples leyes locales que deriven en una gran cantidad de parches patchwork. Finalmente, se argumenta que la Federación tiene prioridades para aplicar la ley y sus fines principales son detectar terroristas extranjeros, espías, criminales, fugitivos, etcétera. No puede dedicarse a parar a cualquier persona que pasa por la calle y que el agente lo considere sospechoso.

La batalla legal ha comenzado. Hay varias demandas de organizaciones no gubernamentales y hasta el gobierno mexicano y varios latinoamericanos se subieron a la ola de impugnadores en contra de la ley SB 1070, como amigos de la Corte. Por su parte la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, no se esperaba una demanda constitucional apoyada por el presidente. Su reacción ha sido airada y amenaza con ir hasta la última instancia: una corte federal.

Por lo pronto, la histeria nacional con la ley Arizona ya está cobrando sus primeras víctimas. El 18 de mayo funcionarios de inmigración detuvieron por tres días a Eduardo Caraballo, un hombre de 32 años, de padre puertorriqueño y madre mexicana, nacido en Ponce, Puerto Rico y residente en Chicago. El caso es ejemplar, porque la detención de un ciudadano estadunidense se realizó por sospechas que tienen que ver con su fenotipo racial. En tres días las autoridades no pudieron determinar su estatus legal. Tuvo que intervenir el legislador boricua Luis Gutiérrez para que lo liberaran. Y el juicio sigue pendiente.

De aplicarse la ley Arizona, estos errores serían el pan de todos los días y el fracaso en la aplicación de la ley. Por otra parte, le podrían costar millones de dólares al erario en demandas por este tipo de errores y falsos arrestos.

Hace unos años la sabiduría popular se refería a la Proposición 187, promovida por el gobernador de California Pete Wilson, como me vale Wilson la 187, ahora en los corrillos populares, de este lado de la frontera, se conoce a la SB 1070 como la Son of a Bitch 1070. Esperemos que no sea esta una victoria pírrica, como pasó con la Proposición 187 de la que todavía estemos pagando sus consecuencias.