La Paz, 16 de julio. La Asamblea Legislativa Plurinacional declaró hoy el 17 de julio Día Nacional del Desaparecido Boliviano, y en voz de su presidente –el también vicepresidente de la república, Álvaro García Linera– rindió homenaje a miles de hombres y mujeres que dieron su vida combatiendo a las dictaduras para construir la democracia que hoy se vive.

La resolución, propuesta en días pasados por la diputada de la opositora Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, se adoptó por unanimidad en vísperas del 30 aniversario del último golpe de Estado militar, que dio el 17 de julio de 1980 el general Luis García Meza para instaurar la que después fue conocida como narcodictadura.

Olga Flores, familiar del ex diputado Carlos Flores, quien desapareció en esa fecha junto con el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz –dos de los 156 desaparecidos bolivianos reconocidos–, reiteró, luego de la sesión del Parlamento, el pedido de los familiares de víctimas de las dictaduras de que el presidente Evo Morales, como capitán general de las fuerzas armadas bolivianas, le ordene a los militares la devolución de los desaparecidos cautivos en recintos castrenses.

La resolución es importante porque finalmente el Estado reconoce la existencia de la desaparición forzada y el rol que cumplieron nuestros familiares en defensa de la democracia, indicó.

Señaló que la declaratoria debe complementarse con la creación de una Comisión de la Verdad que investigue lo ocurrido en ese golpe de Estado y finque responsabilidades, entreguen los restos de los desaparecidos y se castigue a los responsables, militares y paramilitares, que continúan impunes.

Enfatizó que se mantiene la renuencia de los mandos militares a cumplir órdenes judiciales, una de ellas de la Corte Suprema, de una completa desclasificación de los archivos militares que permitan indagar lo ocurrido con los desaparecidos, los asesinatos, las torturas y castigar a los responsables.

La diputada Reyes, hija de José Reyes, uno de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Socialista asesinados en la masacre de la calle Harrington, ordenada el 15 de enero de 1981 por la dictadura garcíamezista, indicó que con esta propuesta se busca recordar a las actuales y futuras generaciones que se tiene una deuda con los 90 mil desaparecidos en América Latina y 156 bolivianos, para que se les haga justicia y evitar que haya más desapariciones.

Enfatizó Reyes que Bolivia no va a cerrar el capítulo negro de las dictaduras mientras las fuerzas armadas no se den cuenta de que es necesario hacer justicia y para ello se requiere la desclasificación total de sus archivos.

Es necesario además, mencionó, que se cumpla la ley 2640 de indemnización a las víctimas de las dictaduras –aprobada en 2004– porque es lamentable que se estén exigiendo a más de 6 mil víctimas de las dictaduras requisitos imposibles de cumplir. El Ministerio de Justicia anunció que sólo en 218 casos los interesados han cumplido con todos los requisitos.

Mientras, el fiscal Milton Mendoza dijo que el hecho de que no se encuentren los restos de desaparecidos en las dictaduras es un fracaso de la justicia. La Corte Suprema y la Corte de Distrito de La Paz ordenaron a las fuerzas armadas abrir los archivos militares sobre la dictadura, para coadyuvar en la búsqueda de desaparecidos.