Ante la proliferación de firmas de consultoría en mercadeo político o de seguridad privada –creadas en su mayoría por ex funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– que realizan escuchas telefónicas ilegales, es necesaria una reforma legislativa para aplicar una agravante contra personas que tras abandonar el servicio público constituyan compañías que intervienen comunicaciones privadas, recomendó el penalista Xavier Olea Trueheart.

Para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, los delitos que violan la privacidad de las personas no pueden entenderse sin el hecho de que se cometen al amparo del poder, por lo que es necesario aplicar una regulación más estricta a las empresas de seguridad privada y de alguna consultoría.

Juan Ibarrola, experto en imagen pública y director de Lobbying Solutions, empresa de relaciones públicas, sugirió que las firmas consultoras de mercadeo político sean obligadas a asociarse o sectorizarse, con el fin de generar reglas para su funcionamiento; así, al momento en que se detectara que alguien esté desarrollando una práctica indebida e ilegal, como el espionaje telefónico, existiría la fuerza como gremio para ir a denunciar ante la autoridad a cualquier consultoría que corrompa el sector.

En entrevista por separado con La Jornada, los dos litigantes y el consultor coincidieron en señalar que mientras los legisladores no implanten requisitos para la adquisición de tecnología que se utiliza para espionaje telefónico, seguirán constituyéndose empresas simuladas, que en realidad se dedicarán a intervenir comunicaciones.

La Jornada publicó ayer el contenido de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República que evidencian la manera en que se realiza el espionaje telefónico en México.

Las principales víctimas de esas prácticas ilegales son políticos, empresarios, ministros de la Corte, funcionarios públicos, artistas o cualquier ciudadano.

El único requisito es que el solicitante de la información pague la cuota respectiva, que va de 60 mil pesos, por escuchar las llamadas telefónicas que realice en una semana algún empleado de una empresa privada, a 400 mil, por oír las conversaciones sostenidas durante ese mismo lapso por un gobernador, un diputado, un juez o un directivo de una firma trasnacional.

Olea Trueheart aseveró que las autoridades de Hacienda permiten que se constituyan empresas de seguridad con el objeto de que puedan hacer seguimiento de personas. El gobierno sabe que existen estas compañías, les permite su constitución y hasta les otorga oficios gubernamentales para la adquisición de tecnología de espionaje.

Añadió que se requiere crear un marco jurídico y una ley reglamentaria con los requisitos para la adquisición de tecnología destinada a la seguridad privada, que incluye aparatos para la intervención de comunicaciones telefónicas y de Internet.

Miranda Esquivel refirió que la impunidad ha permitido que proliferen empresas de espionaje que realizan sus servicios con la anuencia de las autoridades.