El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará este miércoles los lineamientos mediante los cuales sus 300 juntas distritales procederán a la destrucción del material electoral de los comicios federales de 2009. En principio, se tiene previsto que en la semana del 27 de agosto al 3 de septiembre se realice la destrucción, la cual deberá llevarse a cabo usando procedimientos ecológicos, en función de que sea una acción socialmente responsable.

Conforme al acuerdo circulado previamente a la sesión, se instruye a las áreas de comunicación del IFE para informar expresamente a la sociedad que en ningún caso se tratará de material electoral correspondiente a los comicios de 2006. En este caso, dijo el consejero electoral Francisco Guerrero, el asunto se encuentra subjudice en la medida en que aún está pendiente de resolverse un recurso interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con el acceso a la información de esas boletas.

Asimismo, el consejero Guerrero destacó que el acuerdo para destruir el material electoral de 2009 se logró porque todos los actores políticos, en especial el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se allanaron a deslindar estas medidas del proceso legal que se sigue sobre las boletas electorales de 2006. Éstas, dijo el consejero electoral, continuarán bajo resguardo militar en tanto se dirimen en los tribunales los recursos de acceso a las boletas interpuestos en su momento.

Por su parte, Marco Antonio Baños se refirió expresamente a las boletas de 2006, considerando que no sería ya sano para el país que cuatro años después se procediera a la apertura de los paquetes de aquellas polémicas elecciones presidenciales. Consideró que en su momento (calificación de la elección), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cometió un error de criterio histórico al no haber abierto los 40 mil paquetes electorales que entonces se encontraban impugnados y limitarse a alrededor de 11 mil.

En estos momentos, deslindó Baños, sería innecesaria la apertura para el país, aunque reconoció que existe un dilema jurídico interesante entre el derecho electoral y el derecho de acceso a la información. Si se privilegia la primera alternativa, no hay duda de que se debe proceder a la destrucción de los paquetes, pero existen otros argumentos de quienes piensan, en función del acceso a la información, que sería viable esta apertura de paquetes.

En esta ocasión, el acuerdo establece la cronología del proceso de destrucción de boletas y hace referencia a procesos anteriores (los cuales, dijo Guerrero, se vieron interrumpidos en su normalidad por la controversia surgida en torno a 2006 y el acceso a la información solicitado). Se destaca que en 2000 la documentación se destruyó entre el 9 y el 27 de febrero de 2001, con un costo total de 1.8 millones de pesos; en 2003, estas acciones se realizaron entre el primero y el 18 de diciembre, en la mayor parte, y entre el 24 y 28 de mayo de 2004, 12 mil 670 paquetes, que fueron sujetos a estudio.

El consejero electoral Alfredo Figueroa, de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, informó finalmente que el estudio aprobado para esta ocasión ha concluido, pero el informe se entregará en agosto.

Sin embargo, ya no será necesario mantener todo el material y se procederá a aprobar los lineamientos este miércoles, para concluir con todo este proceso, obligatorio por ley, en septiembre próximo.