La Asamblea Legislativa (ALDF) solicitará formalmente a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal auditar todo el procedimiento que se ha seguido para autorizar el proyecto de la supervía poniente, que correrá de Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón, a Luis Cabrera, en Magdalena Contreras.

El legislador Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ALDF, detalló que en la petición que se hará en estos días al órgano de vigilancia capitalino, se solicitará que fiscalice toda la obra, desde la elaboración del proyecto, el diagnóstico, el estudio de impacto ambiental, el de impacto urbano y el proceso de expropiación y demolición de viviendas hasta la colocación de la primera piedra de esa obra vial.

–¿Abarcará el caso del ex funcionario Alejandro Nyssen Ocaranza y el presunto conflicto de intereses en el que incurrió durante la elaboración del estudio de impacto ambiental?

–Sí. La Contaloría nos tendrá que indicar, con mucha precisión, y después de concluir la investigación, cómo se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental y la participación de ese ex funcionario. Todo tendrá que precisarse en esa auditoría.

En conferencia de prensa, el perredista detalló que la revisión tendrá que abarcar la cuestión de los recursos que de una u otra forma haya aportado hasta ahora el gobierno capitalino, pues es sabido que la supervía tendrá inversión casi ciento por ciento privada.

Comentó que en lo que corresponde a la Comisión de Vigilancia de la ALDF es difícil promover desde ahí una auditoría a esa vialidad, toda vez que hasta ahora no se ha iniciado la construcción; no obstante, resaltó que es seguro que se incluya en las auditorías que se aprueben el próximo año.

Durante la conferencia, Leonel Luna reiteró su llamado para que en el desarrollo de ese proyecto el gobierno de la ciudad cumpla con los compromisos pendientes relacionados con las obras alternas a la construcción, por ejemplo el rencarpetado de las avenidas Vasco de Quiroga, Centenario y Tamaulipas, así como el mejoramiento vial de esta última y la aplicación de un peso por cada peaje que se pague para destinarlo al rescate de barrancas y otros espacios públicos.