La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuó de manera irresponsable al negar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y validar el decreto presidencial sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sin contar con la información que justificara tal decisión del gobierno federal, advirtió el diputado Mario di Costanzo, del PT.

Resaltó que los documentos en que se aduce la desaparición de LFC fueron clasificados como reservados y el gobierno de Felipe Calderón se negó a entregarlos a la Corte y al Congreso de la Unión, pese a que el órgano legislativo los ha solicitado en diversas ocasiones.

Incluso, recalcó, funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía manipularon cifras y mintieron a legisladores de la Comisión Permanente en torno al tema.

Denunció que en la comparecencia del subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome; del subsecretario de Electricidad, de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras, y del director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Aguilar, el pasado 24 de junio ante la tercera comisión, de la Permanente, los funcionarios se negaron a proporcionar dos documentos: Luz y Fuerza 2009 y el acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, además de que falsearon datos.

El diputado petista recordó que Pérez Jácome sostuvo que Luz y Fuerza enfrentaba una situación financiera insostenible, que recibía transferencias presupuestales cuantiosas para cubrir, entre otros gastos, un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2008 y eso no es cierto.

Precisó que de acuerdo con datos de los estados financieros auditados de LFC de 2008, “por concepto de pasivo laboral se acredita la cantidad de 102 mil 990 millones de pesos –menos de la mitad de lo señalado por el funcionario– de los que 80 mil millones corresponden a personal en activo.

Es cierto que entre 2003 y 2008 los ingresos por ventas fueron de 237 mil 935 millones de pesos, mientras que los costos fueron de 440 mil 49 millones pesos, pero lo que el funcionario de Hacienda no dijo es que ésto se debe al precio desmedido en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le vendía la energía eléctrica a Luz y Fuerza y ésta tenía que cobrarla a precios inferiores.

Pérez Jácome manipuló las cifras, al sostener que los costos de operación de Luz y Fuerza eran casi el doble de sus ingresos por ventas, sin precisar que LFC adquiría a CFE la electricidad a un precio de 1.347 pesos por KWH, pero la obligaban a venderlo a la industria en 1.2357 pesos y a los demás usuarios en 0.834 pesos por KWH. “Es por ello que las transferencias del gobierno se incrementaban año con año, pero ésto no lo mencionó en la comparecencia y muchos menos reconoció que quién fijaba los precios era Hacienda.

Di Constanzo explicó que la mayoría de los datos fueron manipulados o falseados por los funcionarios, quienes ante los cuestionamientos de diputados y senadores de por qué se oculta información en la que supuestamente se sustentó la liquidación de LFC, sólo respondieron que por razones de seguridad nacional.

Es evidente, agregó el legislador, que el gobierno de Calderón quiere ocultar lo ilegal del decreto, las violaciones a la Constitución, así como a la Ley Federal del Trabajo; lo grave es que los ministros de la Corte avalaron el decreto presidencial, sin contar tampoco con toda la información, dijo.