Roma, 9 de julio. La mayoría de los periódicos italianos –incluidos los de mayor tiraje, como Corriere della Sera, La Repubblica y La Stampa– cerraron hoy por una huelga de periodistas que protestan por los planes gubernamentales para restringir la difusión de información basada en material obtenido de grabaciones policiales.

El asunto incrementó la oposición al presidente del consejo de ministros, Silvio Berlusconi, en un momento en que afronta una división en el seno de su coalición de centroderecha y tiene problemas para aprobar un paquete de austeridad de 25 mil millones de euros, destinado a mejorar las finanzas públicas del país.

El gobierno dice que la ley aprobada en el Senado el 10 de junio pasado es necesaria para proteger la privacidad de individuos frente a investigaciones arbitrarias, pero sus críticos alegan que dañaría tanto la lucha contra el crimen organizado como la cobertura mediática de casos de corrupción.

El proyecto de ley, que tiene previsto votarse en la Cámara baja el 29 de julio, endurecerá las condiciones para que los magistrados puedan ordenar una grabación, prevé hasta dos meses de prisión para los directivos de medios que difundan grabaciones de espionaje e incluso la clausura de la empresa sometida a proceso judicial.

La Federación Nacional de Prensa de Italia (FNSI, por sus siglas en italiano) consideró que la legislación limitaría gravemente el derecho de los ciudadanos a saber cómo están procediendo las investigaciones judiciales, imponiendo serias limitaciones a la libre circulación de información.

Grabaciones incontroladas

Entre los pocos periódicos que estuvieron a la venta en quioscos estaban Il Giornale, propiedad del hermano del primer ministro, y Libero, un diario pro Berlusconi que dijo que los verdaderos obstáculos a la justicia son las grabaciones incontroladas.

Los periódicos italianos a menudo recogen transcripciones de grabaciones policiales antes de que sean admitidas como prueba ante el tribunal y han expuesto varios casos de corrupción de alto nivel a partir de ese material.

En mayo, el ministro de Industria, Claudio Scajola, se vio forzado a renunciar a su cargo, después de que la prensa publicó que su apartamento con vista al Coliseo romano había sido pagado, en parte, por un empresario inmobiliario encarcelado por corrupción.