San Luis Potosí, SLP. 9 de julio. El que fue gobernador panista de esta entidad, en el periodo 2003-2009, Marcelo de los Santos Fraga y tres de sus principales colaboradores fueron demandados por el abogado Gustavo Barrera López, quien exige la reparación del daño moral que, asegura, le provocaron la acusación y encarcelamiento por peculado, fraude genérico, asociación delictuosa, falsificación de documentos, fraude específico y delitos contra la fidelidad profesional.

Los delitos que le fueron imputados por la administración panista se derivaron de que participó en la elaboración del contrato de compraventa de los invernaderos hidropónicos de Santa Rita, ubicados en el municipio de Rioverde, en la zona media de San Luis Potosí, construidos durante el gobierno del priísta Fernando Silva Nieto, quien inició el proceso de desincorporación que debía ser concluido por la administración de Marcelo de los Santos, su sucesor inmediato.

Sin embrago, en el cambio de administración algunos compradores incumplieron con los pagos y se retrasó dicho proceso, situación en la que De los Santos determinó que existía un fraude y demandó ejercitar acción penal contra varias personas, entre ellas, Barrera López.

Luego de un proceso que duró cuatro años y cuatro meses, el abogado fue exonerado de todos los cargos. La detención ocurrió el 15 de marzo de 2004.

En la queja presentada el 6 de julio pasado, Barrera López demandó por la vía extraordinaria civil al estado de San Luis Potosí, a Jesús Marcelo de los Santos Fraga, representante del Poder Ejecutivo; a Guillermo Salazar Trejo, titular de la Procuraduría General de Justicia; a Héctor Vega Robles, subprocurador de Averiguaciones previas; y a Óscar Candelas Reyes, agente del Ministerio Público.

La juez primero del ramo civil, Diana Isela Soria Hernández, determinó que los ex funcionarios tienen tres días hábiles para responder la demanda interpuesta en su contra, o se les tendrá por confesos de los cargos.

Barrera López demandó por la vía extraordinaria civil la reparación del daño moral provocado por la detención arbitraria y escandalosa de que, asegura, fue víctima el 15 de marzo de 2004, así como indemnización por daños y perjuicios patrimoniales, intereses que cauce esta suma y actualizaciones económicas de las cantidades históricas que resulten.

En el texto de la demanda, Gustavo Barrera señala las irregularidades en que incurrieron sus demandados, e incluye la instrucción de la averiguación previa penal en su contra a la que no fue citado y que fue registrada con el número 06/XII/03 consignada el 12 de marzo de 2004.

La aprehensión, se señala en el mismo texto, sucedió el 15 de marzo de 2004, a las 10 horas cuando ocho policías ministeriales, en cuatro vehículos, interceptaron su automóvil y lo llevaron al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de lo cual, asegura Barrera López, tiene pruebas que presentará en su momento.

Refiere también, que esas acciones fueron sancionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 23 de agosto de 2005 cuando emitió tres recomendaciones a la dirección general de la Policía Ministerial del estado.