Pasados 55 días de que Diego Fernández de Cevallos fuera secuestrado, las investigaciones ministeriales se mantienen suspendidas, no así las negociaciones entre sus familiares y el grupo de plagiarios, los cuales han sostenido al menos siete acercamientos epistolares, y aunque no se ha logrado establecer un monto definitivo como pago por su liberación, hay avances en las negociaciones, de acuerdo con fuentes del gobierno federal y cercanas al político panista.

Autoridades que participan en las pesquisas consideran que el grupo delictivo que tiene en su poder al político panista opera en la zona del Bajío desde hace por lo menos dos décadas y se considera que su modus operandi estaría relacionado con más de 40 plagios de alto impacto entre industriales y empresarios, de los cuales nada trascendió de manera pública.

Las fuentes consultadas señalaron que desde que la Procuraduría General de la República determinó suspender las actuaciones ministeriales para dar paso a las negociaciones entre los captores del ex senador Diego Fernández de Cevallos y los familiares de éste la dependencia federal sólo ha recibido informes escritos elaborados por el despacho del abogado Antonio Lozano Gracia, quien directamente coordina las maniobras para su eventual liberación. Los entrevistados aseguraron a La Jornada que en uno de sus informes, Lozano Gracia refiere que al menos en siete ocasiones se ha entablado comunicación con los plagiarios, sin que se haya logrado acuerdo.

El litigante también ha informado a las autoridades ministeriales que la última prueba de vida del ex senador que ha recibido su familia data del pasado 19 de junio, cuando supuestamente el hijo mayor del político se pudo comunicar por teléfono con su padre.

Desde el 19 de junio supuestamente los familiares ya no han vuelto ha recibir llamadas o videos que demuestren que Fernández de Cevallos está vivo.

Los plagiarios han accedido al menos en dos ocasiones a reducir la cantidad de 50 millones de dólares que fijaron originalmente como rescate por el litigante, aunque no se ha dado a conocer el monto en torno al que se sigue negociando.

En los informes sobre los avances de la negociación con los plagiarios, presuntamente Lozano Gracia, con la supervisión de los hijos del político, han informado al procurador de la República, Arturo Chávez Chávez, que están completamente convencidos de que el secuestro tiene una finalidad meramente económica.

El pasado martes el panista Luis H. Álvarez indicó que el plagio de su correligionario es un dato más que indica que todavía estamos muy lejos de vivir en un país verdaderamente democrático.