n décadas recientes el agua se ha convertido en factor de conflictos políticos, sociales y militares en diversas partes del planeta: a las afectaciones derivadas de la escasez, el exceso y la degradación del líquido se suman las tensiones entre países en torno al control y administración de los recursos hídricos. Tal fenómeno ocurre también en los ámbitos nacionales, entre distintas regiones y diferentes niveles de gobierno. Un ejemplo inmediato de este conflicto en nuestro país es el jaloneo del momento entre autoridades estatales y federales a raíz de la devastación ocasionada por el huracán Álex en Tamaulipas.
Ayer, el gobernador de esa entidad, Eugenio Hernández, reprochó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no haber informado de la saturación de las presas El Cuchillo y Cerro Prieto, ambas en peligro de desbordamiento. En respuesta, el titular de esa dependencia adscrita al gobierno federal, José Luis Luege Tamargo, alegó la existencia de serias dificultades políticas
para la toma de decisiones en las zonas afectadas. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que no estamos regateando
recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales a Tamaulipas y sostuvo que es necesario un acuerdo que garantice el desalojo de aguas de las presas referidas.
Las acusaciones y deslindes comentados se inscriben en una secuencia de conflictos relacionados con la gestión del agua entre las autoridades de distintos niveles.
En noviembre de 2007, en el contexto de las inundaciones ocurridas en Tabasco –en especial en su capital– a consecuencia del desbordamiento del río Grijalva, el gobernador de esa entidad, Andrés Granier Melo, demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cierre inmediato de la presa Peñitas, cuya capacidad había sobrepasado los niveles recomendables en meses previos. Tal medida fue señalada por sectores de la oposición como un acto deliberado para procurar ganancias a empresas privadas de electricidad. En respuesta, el gobierno federal deslindó a la paraestatal de toda responsabilidad por las inundaciones, y el propio Calderón aseguró que éstas se debían al cambio climático
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Por lo que hace al Distrito Federal, el tema del agua se ha vuelto vertiente principal de la hostilidad de las autoridades federales hacia las capitalinas, y ello se ha expresado en diversos episodios: los señalamientos alarmistas, formulados por el titular del Ejecutivo federal, en los primeros meses de su gobierno, sobre una inundación histórica
en la ciudad capital; la decisión de la Conagua, adoptada en 2009 y repetida el año en curso, de dejar a la población citadina sin abasto de agua en los días más calurosos para efectuar tareas de mantenimiento en el sistema Cutzamala, así como el empeño de las autoridades federales por responsabilizar a las capitalinas de las inundaciones en Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco a principios de 2010 y dar, además, un trato diferenciado entre esas demarcaciones y los municipios mexiquenses afectados por las lluvias en ese mismo momento.
Esos precedentes dan verosimilitud a los señalamientos del gobernador tamaulipeco, por cuanto la administración de los recursos hídricos del país parece haberse caracterizada, durante el gobierno calderonista, por un manejo faccioso y más supeditado a los intereses del grupo en el poder que a las necesidades del país.
En tal circunstancia, el acuerdo sobre manejo de presas al que el presidente Calderón llamó ayer en Matamoros parece una medida correcta, pero insuficiente: para que un convenio de esa naturaleza resulte operativo es necesaria, antes que nada, la voluntad política para que funcione. En las inciertas condiciones políticas del país, y habida cuenta del deterioro institucional presente, sería pertinente explorar la posibilidad de sustraer de las facultades del gobierno federal el manejo de los recursos hídricos y conformar, con este propósito, una entidad nacional autónoma, capaz de administrar las aguas nacionales con equidad, imparcialidad y transparencia.
