La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) invertirá poco más de 120 millones de pesos para solucionar 33 conflictos de tierras que presentaron siete organizaciones, algunos de ellos con más de 50 años de antigüedad, en 11 entidades.

A la fecha siguen pendientes 500 asuntos, que serán evaluados dentro del programa de atención a conflictos en el medio rural (Cosomer) cuyo propósito es dar certeza jurídica a las familias que poseen la tierra y que se incorporen a actividades productivas.

La Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Cardenista, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Unión General Obrero Campesina de México Jacinto López, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos presentaron los casos que en total involucran 6 mil hectáreas. Los recursos serán ejercidos una vez que los convenios de solución de cada uno sean ratificados ante las instancias jurisdiccionales respectivas o fedatarios públicos.

Los asuntos con más de 50 años se localizan en los municipios de Castillo de Teayo y Pital Nuevo Jalisco, Veracruz, y en esa entidad también se atenderán asuntos en Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Pánuco y Platón Sánchez.

También están convenios por finiquitar en los municipios de Compostela, Nayarit; Salamanca, Guanajuato; Ocosingo, Chiapas; Tequila, Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco, y Juxtlahuaca, Oaxaca. Otros más están en Jerez, Zacatecas; Xochihuehuetlán, Guerrero; Ixcamilpa de Guerrero, Puebla; Nahuatzen, Michoacán, y San Martín Chichicuautla, San Luis Potosí.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, comentó que por el cambio al marco jurídico agrario, 5 millones de hectáreas dejaron de estar en posesión de ejidos y comunidades. No se trata de resolver únicamente la disputa por la tierra en favor de los campesinos, sino garantizar la producción en las parcelas. La falta de un programa integral para atender las necesidades de los ejidatarios y comuneros los ha llevado a vender la tierra y en otros casos a esperar durante generaciones para tener la certeza jurídica de la tenencia.