esde mayo de 2009 José Ángel Córdoba Villalobos, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), tenía prisa por declarar terminada la epidemia provocada por el virus A/H1N1 iniciada apenas en abril de ese año. Todavía no sabía –ni él ni nadie– lo que venía, pero los costos económicos y políticos que significaron desde ese entonces las medidas adoptadas por el gobierno federal para enfrentarla, hacían urgente minimizar la enfermedad. Hace unos días, el pasado 29 de junio, al fin se habría cumplido su sueño, al anunciarse, en medio de grandes confusiones, el fin de la alerta sanitaria por la influenza pandémica en nuestro país.

Vista a escala global, se trataría de una medida unilateral, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) –organismo que se encuentra hoy sumamente debilitado– observa que no existen todavía las condiciones para levantar la alerta sanitaria en el mundo. Aunque, como puede verse, carece del peso necesario para impedir que algunas naciones lo hagan.

No puede negarse que Córdoba Villalobos logró reunir un conjunto importante de elementos para justificar el fin de la contingencia sanitaria en nuestro país. El principal: los datos sobre la reducción actual de los casos confirmados de infección por el virus A/H1N1. También, una labor de cabildeo ante la propia OMS y la Organización Panamericana de la Salud para lograr su respaldo, y el cumplimiento (a medias) de algunas recomendaciones de estos organismos, a los que me referiré enseguida. Con ello, logró la aprobación del Consejo de Salubridad General para levantar la alerta y luego anunciar su logro con bombo y platillo, en una conferencia de prensa que terminó muy mal.

Una de las recomendaciones de los organismos internacionales al gobierno de México, fue que para levantar la contingencia sanitaria era necesario probar que entre la población se había creado ya inmunidad al virus A/H1N1, es decir, el desarrollo de las defensas orgánicas (inmunológicas) ante esta enfermedad. Para ello la Ssa realizó una encuesta serológica. Los resultados de la misma, en palabras del propio Secretario de Salud mostraron que: “… 56 por ciento de los habitantes del país tienen inmunidad antinfluenza A/H1N1”, lo que en mi opinión sería un dato impresionante.

Pero resulta que se trata de un dato muy indirecto, pues la encuesta serológica se realizó no entre la población abierta, como se esperaría, sino en muestras conservadas de donadores de sangre. Así, el secretario debería referirse a la inmunidad en los donadores, pero no a la de toda la población de nuestro país. Hay, pues, una falla metodológica, además de que no sabemos el número de muestras estudiadas ni las características de los sujetos seleccionados para este estudio. Pero, en fin, el dato sirvió para lograr lo que se buscaba.

Pero, un momento… ¿Qué significa que se suspenda la alerta sanitaria? Aquí es donde ingresamos al terreno de las confusiones. En la conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio, ante la pregunta lógica de los representantes de los medios de comunicación que querían saber qué significaba esto, Córdoba Villalobos, pidió al subsecretario Mauricio Hernández Ávila que respondiera, pero éste habló de otras cosas y eludió referirse al tema. Entonces Córdoba, quien antes ya había señalado que todo seguirá igual –como la operación de los sistemas de vigilancia epidemiológica para el A/H1N1, las medidas preventivas entre la población, etcétera–, aclaró que el cambio consiste en algunas medidas jurídicas y administrativas que establece el decreto por el que se declaró la alerta, encaminadas a la adquisición de medicamentos y otros insumos para enfrentar la emergencia, las cuales entrarán ahora dentro de una regulación normal. El secretario dijo enfáticamente: “… se deroga el decreto”.

Pero se ve que hay un desorden en esa secretaría (para decirlo suavemente), pues de inmediato el subsecretario de asuntos jurídicos de la dependencia, Bernardo Fernández del Castillo (incrustado ahí por la Iglesia católica), corrigió de forma grosera a Córdoba, afirmando que: “… el decreto no se deroga. Toda esta información que se les ha dado –dirigiéndose a los medios–, se le proporciona al Presidente de la República, y el Presidente, habiendo hecho el análisis y la información recibida en todos los estados, emite un nuevo decreto en el que declara la extinción de la emergencia en las regiones o en todo el país, con base en la información que recibe de todos los miembros de su gabinete”.

En efecto, para el levantamiento de la alerta sanitaria que ya anunció Córdoba Villalobos, es necesario que el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2009 se derogue. Entonces, a pesar de los deseos del Secretario –pareciera que alguien le tendió una trampa–, la alerta sanitaria sigue vigente hasta que se invalide ese decreto. La pregunta que surge ahora es si Felipe Calderón lo hará.