La diócesis de Cuautitlán, México, presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el allanamiento –el viernes– del albergue San Juan Diego Cuauhtlatoatzin por presuntos policías federales, quienes agredieron, amedrentaron con armas de alto poder e intentaron llevarse a la fuerza a varios indocumentados centroamericanos que se refugiaban en ese sitio.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública federal medidas cautelares en favor de quienes atienden y se hospedan en dicho albergue, ubicado en la colonia Lechería, en Tultitlán, México, con el propósito de prevenir la comisión de hechos de difícil o imposible reparación.

El pasado viernes, unos 20 sujetos vestidos de negro con insignias de la Policía Federal y la PGR ingresaron de manera violenta y sin orden judicial al refugio, donde agredieron física y verbalmente al personal y a los centroamericanos. Sin explicación alguna, los supuestos policías intentaron llevarse en varias camionetas a los migrantes, lo que fue impedido por los encargados y vecinos del albergue.

En entrevista, Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, órgano de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que el atentado forma parte de la criminalización de la labor humanitaria de agrupaciones civiles.

Cambios a la ley migratoria

Para poner fin a estos problemas –dijo– se debe modificar el artículo 138 de la Ley General de Población, el cual no hace distinción precisa entre la labor humanitaria con los migrantes y la trata de éstos.

En un comunicado, Dimensión Pastoral exigió a las autoridades federales y estatales proteger esta casa del migrante y aclarar los hechos del viernes. “Los presuntos policías ingresaron sin orden judicial y tememos que incluso sean zetas, porque no hay una versión oficial de los hechos y la delegación mexiquense de la PGR negó su participación en el allanamiento”, dijo el sacerdote Sergio Guevara Lenarduzzi, responsable del albergue.

Las 43 casas del migrante distribuidas en el país, entre ellas la de San Juan Diego, pertenecen a la Pastoral Social de la CEM y cuentan con aval del Instituto Nacional de Migración. Los vecinos que defendieron a los indocumentados también manifestaron temer posibles represalias y solicitaron protección oficial.