Legisladores y dirigentes de PRI y PRD, así como integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos, criticaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el gobierno del estado de México hayan obstaculizado la liberación de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgara un amparo definitivo y ordenara su excarcelación.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías señaló que esos obstáculos reflejan el rostro de intolerancia y autoritarismo oficial, y destacó que los traspiés de la SSP respecto a si se liberaba a los dirigentes del FPDT forman parte de la manera en que se gobierna en México.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky manifestó que al parecer la decisión de la Corte no cayó nada bien en el ámbito gubernamental, por lo cual se buscaron excusas para retener a los líderes de Atenco en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Para Jesús Ortega, presidente del PRD, la criminalización de la protesta social es síntoma de un Estado autoritario que debe terminar, y añadió que el caso Atenco evidencia la falta de justicia en el país, la cual debe ser expedita, o no lo es, en referencia a los cuatros años que permanecieron encarcelados los 12 campesinos del FPDT en los penales de Molino de Flores y el Altiplano.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el galimatías en el que el gobierno federal convirtió la liberación de los tres líderes de San Salvador Atenco sólo fue un forcejeo de la administración calderonista ante la decisión de la SCJN.

Añadió que el desorden provocado por la decisión de la SSP federal (cuando aseguró que los atenquenses no saldrían de prisión ) reflejó el autoritarismo del sistema de justicia mexicano.

El diputado Rosendo Marín Díaz criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté ocupado en acosar a los luchadores sociales y sea omiso en la persecución de los narcotraficantes, que han causado que el estado de México esté en segundo lugar nacional en sembradíos de amapola.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que los líderes de Atenco estuvieron en la prisión del Altiplano arbitrariamente, pues existía un amparo que indicaba el cambio de cárcel, por lo cual el intento de negativa para dejarlos en libertad no es para sorprenderse, lo grave es haberlos mantenido en un penal de máxima seguridad.