Zacatecas, Zac. 2 de julio. Han pasado 12 años de que el PRD, bajo la consigna de luchar contra la vieja cultura política priísta, alcanzó la gubernatura en esta entidad. Ahora, Amalia García, mandataria de la entidad, es señalada por PRI y PT de encabezar un operativo de Estado que, entre otras cosas, incluye la manipulación de programas sociales y la intimidación a opositores con acciones policiacas, así como una sobrexposición de la gobernadora en actos públicos.

A excepción del PAN –con una alianza sui generis con el perredismo en la escena nacional–, la oposición condena la elección de Estado que está fraguando el gobierno de García Medina para retener la gubernatura. El secretario general priísta, Esaú Hernández, denunció el abuso en la entrega de despensas, materiales para construcción y despliegues policiacos, en aras de apuntalar la candidatura oficial del perredista Antonio Mejía Haro e intimidar a la coalición opositora Primero Zacatecas, de PRI, PVEM y Nueva Alianza.

En el PT la percepción es similar: García Medina opera una elección de Estado para ganar, desviando recursos públicos. Guillermo Huízar, quien fue secretario de Finanzas con Ricardo Monreal y hoy es uno de los dirigentes del PT, afirmó que la gobernadora ejecuta la operación electoral de los programas sociales impunemente.

Huízar manifestó que el PT interpuso cuatro denuncias ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia local, así como dos ante la Fepade, por el presunto desvío de fondos públicos en favor del PRD.

La elección de Estado en Zacatecas, desde la óptica de la coalición PRD-Convergencia y PAN, es más bien externa y operada por gobernadores priístas para respaldar a Miguel Alonso Reyes, candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal.

El PRD y el PAN han emprendido en Zacatecas una campaña conjunta denunciando la presunta intromisión de los gobernadores priístas de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y el estado de México, quienes mediante algunos de sus funcionarios y operadores políticos supuestamente inyectan recursos públicos a la campaña del candidato del PRI-PVEM-Panal.

Ante la evidente intromisión de los gobiernos priístas en el proceso electoral de nuestro estado, la coalición Zacatecas Nos Une y el PAN suman esfuerzos para sacar adelante un proceso democrático imparcial y transparente.

Además de conminar a los gobernadores priístas mencionados a que “retiren a sus funcionarios y mapaches”, piden al IEEZ que haga valer su autoridad e imparcialidad para que el proceso electoral no transgreda los valores democráticos.

Éstos son peor de ruines

Esaú Hernández, quien durante el sexenio priísta de Arturo Romo fue secretario de Educación, expresó que gran parte de la elección de Estado se está operando mediante el magisterio y escuelas. “Durante muchos años luché en el PRI contra esas prácticas y ahora estos ‘demócratas’ lo han superado. Éstos son peor de ruines”, lamenta.

Asegura que asistentes de García Medina le han denunciado la intromisión de la gobernadora en la campaña. En encuentros, realizados inclusive en oficinas gubernamentales, les exige respuestas de cómo han cumplido sus compromisos para garantizar los votos.

El PRI denunció que alrededor de las 13:30 horas cuatro de sus promotores del voto, quienes viajaban a bordo de igual número de automóviles Tsuru –arrendados a la empresa Osaka Motors de Monterrey–, fueron detenidos por policías de manera ilegal, por circular sin placas y con permisos provisionales de Coahuila. La acción policiaca provocó el reclamo de la cúpula priísta, que se reservó el derecho de interponer la denuncia por el secuestro de sus operadores políticos y los automóviles requisados.

Huízar denunció que la elección de Estado incluye presiones a 7 mil burócratas y 36 mil maestros. En horas recientes el PT ha logrado que las autoridades electorales clausuren tres bodegas en los municipios de Cañitas de Felipe Pescador, Fresnillo y Río Grande, donde se decomisaron dos tráileres con semilla y fertilizantes, 35 mil despensas y 80 toneladas de cemento listos para entregarse el día de la elección.

Por último, en medio de dos trifulcas protagonizadas por perredistas y priístas, Juan José Yáñez, subprocurador de Justicia de Coahuila, fue detenido por policías ministeriales acusado por abogados del PRD de ser mapache electoral.

El arresto ocurrió luego de que brigadistas del PRD llegaron a un edificio, en el número 55 de la calle Begonias, fraccionamiento residencial Geranios.