n eso del supuesto combate al lavado de dinero –estrategia central en cualquier intento serio contra el crimen organizado– el gobierno de Estados Unidos ha sido igual de ineficiente y cómplice que el mexicano, con la salvedad de que el primero localiza, documenta y enfoca las baterías hacia las instituciones financieras, sin mayores resultados, mientras el segundo las protege hasta la ignominia. De cualquier suerte, al final de cuentas el affaire termina en una simple cuan reducida multa, como sucede en el vecino del norte, o en la ridícula negación de la realidad, como acontece aquí mismo, mientras la lavandería financiera se mantiene a todo lo que da.

Semanas atrás señalamos en este espacio que en 1996, durante el sexenio de Zedillo, se difundió que el sistema financiero mexicano destacaba por haber sido elegido por los cárteles internacionales de la droga como el principal centro de lavado y repatriación de dinero proveniente del narcotráfico en el hemisferio occidental, industria sin chimeneas que sólo ese año y de acuerdo con cifras de funcionarios mexicanos, habría lavado alrededor de 30 mil millones de dólares por el concepto referido, sólo una porción de lo que regresó a Colombia, de acuerdo con el Departamento de Estado del vecino del norte (US Department of State: International Narcotics Control Strategy Report, March 1996. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Financial Crimes and Money Laundering. Executive Summary. The Year in Review).

Desde aquella fecha, cuando menos, año tras año el citado galardón se lo lleva México y su sistema financiero (a estas alturas extranjerizado casi en su totalidad), de acuerdo con la misma fuente de información. De hecho, para 2009 el propio Departamento de Estado advirtió que de la cifra estimada de 25 mil millones de dólares que circulan ilegalmente en el sistema bancario, la Procuraduría General de la República sólo es capaz de detectar uno por ciento (250 millones). Y ello no sólo es producto de la enorme corrupción que campea, sino de la carencia de personal calificado en sus unidades especializadas; faltan investigadores, fiscales, auditores de recursos monetarios, base de datos completa y moderna, y equipamiento tecnológico… Hasta ahora los esfuerzos se han dirigido sólo a los estados claves como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, ciudad de México y Jalisco, pero la PGR considera que hay motivos para volver a centrarse en otras regiones, como los estados de Quintana Roo y Yucatán, donde las autoridades han detectado grandes movimientos de recursos ilícitos”.

En el lapso citado, prácticamente nada ha impedido el jugoso negocio que al sistema financiero mexicano, a estas alturas casi en su totalidad en manos foráneas, le representa su gran chaka-chaka de dinero proveniente del crimen organizado. Para México, el inventario del Departamento de Estado incorpora a 46 bancos (incluyendo seis de desarrollo, propiedad de la nación), 71 oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras, 95 compañías de seguros, 479 sociedades de inversión, 155 uniones de crédito y 24 casas de cambio. El comercio ilícito de drogas es la principal fuente de fondos blanqueados a través del sistema financiero mexicano.

Lo anterior permite al gobierno de Estados Unidos apuntar con dedo flamígero a su patio trasero y acusarlo de ineficiencia, tolerancia y complicidad con los barones de la droga, lo que si bien es cierto no exime al Tío Sam de sus propias ineficiencias, tolerancias y complicidades en el mismo campo. Desde Nueva York, el corresponsal de La Jornada, David Brooks, informa que algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilícito. En múltiples casos fiscalizados durante los últimos años, estos bancos estadunidenses han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de dólares en fondos ilícitos provenientes del narcotráfico mexicano.

Multas mínimas por lavado de dinero, sin acción judicial, arrojan resultados iguales a los reportados por la pasividad (léase complicidad) de las autoridades mexicanas, y en los dos lados de la frontera operan las mismas instituciones financieras. Brooks ejemplifica con el caso de Wachovia Corp: “comprado por Wells Fargo en 2008, y que, fusionado con él, es el banco con más sucursales en Estados Unidos. Wells Fargo admitió ante un tribunal que Wachovia no vigiló ni informó sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compró uno de estos aviones –un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en México con toneladas de cocaína– fue Bank of America, reporta Bloomberg News”.

Lo anterior se reveló en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. Wachovia “admitió que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos en su manejo de más de 378.4 mil millones de dólares en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007… No todos estos fondos están vinculados con el narcotráfico pero, según las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de dólares de estos fondos sí han sido ligados directamente con el narcotráfico”.

Entonces, arrojan los mismos resultados las multas mínimas que la complicidad disfrazada de negación de la realidad, y allí está el enorme monstruo, crecido, rollizo, sin nadie que le ponga un alto real.

Las rebanadas del pastel:

Alegraos, que para confirmar la sólida independencia de la Cofetel (la del Renaut), el inquilino de Los Pinos nombró como nuevo comisionado de ese ente a Mony de Swaan, o lo que es lo mismo, el que hasta ayer fungió como jefe de asesores del secretario de Comunicaciones y Transportes, el impune Juan Molinar Horcasitas… Soy el máximo responsable del fracaso de México; tengo que dejar el cargo: es lo más honesto, lo más juicioso, lo obligado. ¿Lo dijo el vasco Aguirre, o debió anunciarlo Felipe Calderón?

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