on millones ya. En todo el planeta. En unas cuantas semanas, y solamente en una región aislada del mundo, se produjeron alrededor de 2 millones de desplazados. Todos ellos podrían calificar para pedir refugio en cualquiera de las pacificadas y garantizadas democracias occidentales. No se cuentan, en cambio, los cientos que cada día salen de los países del centro de África rumbo al norte, rumbo a Europa, en búsqueda, ellos también, de esa protección que no encuentran en sus estados de origen. Y no se trata nada más de los pocos perseguidos políticos, sino de muchas mujeres y hombres que escapan de las numerosas guerras existentes en el continente y de las cuales nosotros, los occidentales, tan poco conocemos. Luego están los también innumerables ciudadanos de países que conocemos mejor, pero que también se encuentran en guerras absurdas, como son, por ejemplo, Afganistán e Irak. Y finalmente están todos los que escapan, en este mundo, de la guerra y de las crisis que ponen en riesgo sus vidas.

Son éstos los nuevos refugiados del siglo XXI. Ellos son quienes, según la Convención sobre el Estatus de Refugiado, deberían poder gozar de tan humano derecho: el de ser protegido y tener garantizada su integridad física y sicológica. Según la citada convención, refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Resulta claro que los arriba mencionados entran todos y sin excepción en esta categoría. Y sin embargo así no son las cosas.

Un ejemplo tajante lo está ofreciendo la Unión Europea (UE) en estas semanas. Uno de sus miembros, Italia, está rechazando en sus fronteras a cientos de migrantes que justamente en esta temporada –y por toda la temporada más cálida del año– están tratando de llegar a suelo europeo. Y a pesar de las críticas, el gobierno italiano tiene razón cuando afirma que está realizando el trabajo sucio para la UE, ya que, junto al Estado español y a Grecia, es el país más al sur de la unión. El problema, a la luz del tema de las presentes reflexiones, reside en realidad en la supresión de facto del elemental derecho al refugio del que se habla más arriba. Porque, efectivamente, la mencionada convención afirma también que el derecho al refugio será solamente para aquellos que se encuentren físicamente en el territorio del estado al que quieran pedir protección. Es por eso que, impidiendo la llegada a territorio nacional, el gobierno italiano –y los demás junto a él– están de facto prohibiendo el goce de ese derecho. Los rechazos se realizan en alta mar –de manera absolutamente ilegal, inclusive en el contexto de la legislación europea–, en aguas consideradas internacionales. A las acusaciones formuladas en tal sentido por distintos actores internacionales, el gobierno italiano ha contestado simplemente afirmando que los migrantes que llegarían en barcos atestados no son refugiados potenciales. Sin embargo, datos del mismo gobierno refutan tales tesis, toda vez que afirman exactamente lo contrario: de más de 38 mil personas llegadas por esa vía, más de 75 por ciento habría pedido protección al Estado italiano en 2008. Y de ellos, más de la mitad ya consiguió dicha protección. Al mismo tiempo, para limpiar de cualquier posible interpretación el debate, el mismo alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) corrigió a los pocos días del primer rechazo las creencias generales afirmando que el derecho al refugio vale también en aguas internacionales. Dependería simplemente de la nacionalidad del barco que socorra a los navegantes.

Lo que vale subrayar es el acotamiento no sólo normativo que se ha venido dando de forma paulatina a tal delicado derecho de todo ser humano. Hoy en día, el derecho al asilo político y al refugio humanitario es un derecho residual, un derecho que está quedando en los últimos lugares en la larga lista de los derechos humanos, ya de por sí pisoteados por doquier. Hay entonces un largo camino legislativo que ha introducido decenas de normativas encaminadas a restringir tal derecho. Un camino exitoso, ya que si bien las demandas de refugio y asilo han venido creciendo, se han reducido definitivamente los canales para interponer tales demandas. Pero lo que más urge subrayar es el hecho de que posiblemente entre las intenciones europeas no existe la clara voluntad de borrar tal derecho, sino únicamente de volverlo discrecional. Dicho en otra palabras, los gobiernos de la UE, en lugar de cancelar el derecho al refugio, quieren quitarle certeza y volverlo un derecho otorgado arbitrariamente por el gobierno en turno. El argumento muchas veces utilizado es que el aumento de demandas de asilo respondería, en realidad, a la voluntad de darle la vuelta a las cada vez más estrictas normas migratorias. Quizás sea cierto en parte –y si lo fuera, hay que considerarlo muy legítimo–. En realidad, tal aumento responde a un contexto globalizado en el que la guerra, la persecución y la violación de los derechos humanos se están volviendo cada vez más presentes. Hacer del derecho al asilo y al refugio un instrumento discrecional, absolutamente en manos de los gobiernos, y de los deseos políticos de los partidos en turno, es hoy el objetivo –casi alcanzado– en la vanguardista UE.