Nueva York, 28 de junio. La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó hoy que el acceso y portación de armas por ciudadanos es un derecho constitucional fundamental que ningún gobierno estatal o municipal puede anular. La decisión, festejada por agrupaciones pro armas, podría tener consecuencias severas tanto en Estados Unidos como en México, país que ha solicitado un control mayor de ese mercado.

En una votación de cinco contra cuatro, los jueces basaron su fallo en otro caso de 2008, en el cual se había determinado que la Segunda enmienda de la Constitución otorga el derecho a los individuos a tener armas para su autodefensa. Hasta ahora ese fallo (que anuló una norma que prohibía armamento en Washington DC, distrito federal estadunidense) sólo era aplicable a leyes y entidades federales. Hoy la sentencia establece que ninguna entidad estatal o municipal puede prohibir el derecho de los ciudadanos a portarlas.

Samuel Alito afirmó, en nombre de la mayoría de los jueces, que el derecho que concede la Segunda enmienda es plenamente aplicable en los estados, ya que está entre los derechos fundamentales de nuestro sistema de libertad ordenada.

Los promotores del derecho a portar armas de fuego, quienes triunfaron hoy, preparan ahora demandas para intentar revertir medidas de control que varios estados han adoptado en años recientes. La decisión pone en jaque la prohibición impuesta por la ciudad de Chicago hace 28 años, pues fue esa medida la que se impugnaba en este caso ante la máxima instancia judicial.

El dictamen no precisa qué tipo de controles son aceptables según esa interpretación constitucional, ni anula automáticamente las medidas de regulación vigentes a escala local, estatal y federal, ya que los jueces remiten la tarea de revisión judicial de esas normas a tribunales inferiores. Sin embargo, se prevé que varias podrían ser revertidas.

Los jueces no anularon ciertas limitaciones a ese derecho. Mantuvieron en vigor medidas que prohíben a criminales convictos y personas mentalmente enfermas comprar armamento. De igual forma, la prohibición de portarlas en escuelas y edificios gubernamentales. También se mantienen regulaciones (aunque mínimas) sobre su comercialización.

De hecho, algunos promotores de leyes de control enfatizaron que el fallo no prohíbe a líderes electos continuar promulgando disposiciones de regulación sobre venta y uso para particulares.

Los efectos de la resolución podrían sentirse en todo el país. John Paul Stevens, en nombre de los cuatro jueces que expresaron una opinión contraria, advirtió: las consecuencias podrían resultar mucho más destructivas para las comunidades de nuestro país y nuestra estructura constitucional.

Ésta es considerada la sociedad más armada del mundo. Hay unas 270 millones en manos privadas, cifra que aumenta en más de 4 millones al año. Según la Compaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas de Fuego, una de las principales organizaciones dedicadas a promover el control de armamento en esta nación, más de 100 mil personas son víctimas de violencia con armas de fuego todos los días. Calcula que el promedio diario de víctimas es de aproximadamente 300.

Los efectos también se podrían sentir más allá de estas fronteras. Estados Unidos es el mayor productor y exportador de armas de fuego en el mundo, muchas de las cuales acaban en México. Ambos gobiernos reconocen que éstas nutren la violencia. Con el fallo de hoy, la compra frecuentemente lícita de armas aquí y su exportación ilícita a México continuarán sin medidas efectivas.

La resolución fue festejada por quienes abogan por el derecho a portarlas, incluida una de las organizaciones más influyentes de este país: la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que calificó el fallo de histórico. Wayne LaPierre, uno de sus dirigentes, subrayó: “la Segunda enmienda –como derecho constitucional de todo ciudadano– ahora es una parte real del derecho constitucional estadunidense”. Chris Cox, jefe de cabildeo de la NRA, agregó: este dictamen deja absolutamente claro que la Segunda enmienda protege el derecho otorgado por Dios a la autodefensa de todo estadunidense que respeta la ley.

Por su parte, los que promueven mayores controles a la venta y tenencia –entre ellos asociaciones de policías, alcaldes y víctimas de violencia de armas de fuego– deploraron la decisión, entre ellos el alcalde de Chicago, Richard Daley, quien prometió impulsar medidas de regulación más estrictas. Paul Helmke, presidente de la Campaña Brady, señaló que, como resultado de dicho fallo, se puede esperar que el cabildeo pro armas y los criminales intentarán anular leyes de control, pero aseguró que esos intentos fracasarán.

Todos pronostican meses, tal vez años, de intensas disputas legales a raíz de esta resolución en torno a un tema que continúa ocupando un gran espacio en el debate político en este país, particularmente en coyunturas electorales como la actual.