Phoenix, 27 de junio. La Casa Blanca podría abrir esta semana un enfrentamiento directo con Arizona sobre su polémica ley de inmigración, al interponer ante una corte federal de esta entidad una demanda, orientada a bloquear la entrada en vigor de la SB 1070.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se ha preparado para la confrontación con el gobierno federal estableciendo un fondo, en el que ya se han recabado unos 123 mil dólares en donaciones para cubrir los costos de la defensa legal de la ley.

Fuentes de la Casa Blanca adelantaron este domingo a la cadena de televisión ABC que se espera que la demanda sea interpuesta en los próximos días.

Distintas fuentes informaron en días pasados de que se interpondría la demanda, aunque no señalaron el tiempo exacto.

Al confrontarse con Arizona, la administración del presidente estadunidense Barack Obama fijará una posición política y buscará establecer también una legal: la aplicación de la ley de inmigración corresponde estrictamente al ámbito federal.

Obama ha criticado la ley de Arizona como una medida mal orientada y la Casa Blanca ha expresado que la acción penal contra los inmigrantes ilegales no es en sí misma una solución satisfactoria para el sistema disfuncional de inmigración del país.

Hasta ahora, la administración Obama no ha revelado las bases o argumentos sobre los que el Departamento de Justicia centrará la demanda contra la controversial ley, que declara como delito estatal ser indocumentado en Arizona.

Sin embargo se espera que el recurso se enfoque en que la SB 1070 es anticonstitucional, debido a que se impone sobre la autoridad inherente del gobierno federal a vigilar y aplicar leyes migratorias al ordenar a los policías cuestionar a sospechosos sobre su estatus migratorio.

Además se estima que el Departamento de Justicia considere posibles acciones legales contra la ley con base en que se suma a efectuar perfil racial de latinos que residen legalmente en Arizona.

Brewer no cede

Desde que fue promulgada, el pasado 23 de abril, la SB 1070 ha provocado que organizaciones de defensa de los derechos civiles y particulares interpongan seis demandas federales en contra.

La gobernadora Brewer contrató los servicios del abogado John Bouma, director del bufete legal de Phoenix Snell & Wilmer para representar la defensa de la ley.

Bouma ha interpuesto solicitudes para que se desechen algunas de las demandas presentadas, pero ninguna de las cortes ha fijado hasta ahora una audiencia para analizar los argumentos pendientes a favor y en contra.

Brewer no ha cedido ante la perspectiva de enfrentarse en las cortes con el gobierno federal y ha defendido en una serie de anuncios públicos la acción asumida por Arizona.