La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, señaló que presentará ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) tres denuncias más contra dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), las cuales se adicionan a otras 65, por la negativa a entregar documentos e información a los solicitantes, entre otras irregularidades.

Señaló en entrevista que en reuniones con el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, éste planteó que mientras exista contradicción entre diversos ordenamientos de la APF y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) –de que unos mantienen la información en reserva y la ley obliga a la máxima publicidad– no puede garantizarse la apertura de la información.

De acuerdo con datos del IFAI entregados a La Jornada, de 65 denuncias presentadas contra las dependencias de la APF, 27 están en proceso de investigación, 29 se cerraron por falta de elementos, una está pendiente y en ocho se aplicó alguna sanción contra el funcionario público denunciado.

De los casos que se cerraron por falta de elementos, sobresalen: datos de Presidencia (declarados inexistentes) de los gastos de viajes de Marta Sahagún a Washington y Perú; el expediente de la campaña Amigos de Fox; la indagatoria de la PGR contra los hermanos Bribiesca, del fideicomiso de Hacienda constituido para la transición gubernamental en 2000 e información de pesquisas de la PGR relacionadas con operaciones de lavado de dinero.

De los que siguen en investigación resaltan: las indagatorias de la PGR en torno a Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Manuel Bartlett y Santiago Creel; de presuntas responsabilidades de funcionarios de Tamaulipas por su intervención en el proceso electoral de 2006; de la licitación del Lear Jet en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, entre otras.

Algunas sanciones son: suspensión de 15 días e inhabilitación del funcionario Arturo Fabre, por negar documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo resguardo de la Policía Federal (antes Preventiva) con motivo de la asignación de servidores públicos de la primera a la PFP; suspensión en sus funciones de Víctor Manuel Segura, por declarar la inexistencia de un oficio (que sí existía) de la dirección general de Tecnologías de la Información, de Gobernación; amonestación privada a Agustín González, por negar información estadística de testigos protegidos.

Aparte, Peschard demandó la autonomía del Archivo General de la Nación (AGN), para lograr una mejor conservación y administración de los documentos del gobierno federal, tras urgir a la organización de los archivos de la APF, para evitar destrucción, ocultamiento y uso de la información gubernamental por falta de controles.

En el foro Los retos del AGN ante la consolidación democrática, dijo que se requiere reformar una minuta de Ley de Archivos que está en el Senado, por ser una propuesta ineficiente.