l jueves de la semana pasada la policía belga allanó la sede de la arquidiócesis de Malinas-Bruselas y otros edificios pertenecientes a la Iglesia católica en el marco de una investigación por pederastia clerical. Interrogó durante nueve horas a los obispos de Bélgica, quienes se encontraban reunidos allí en una conferencia episcopal para analizar el tema de los abusos a menores cometidos por elementos del clero católico, y les decomisó computadoras personales y teléfonos celulares.

La pesquisa tiene como antecedente la reciente destitución, en abril de este año, del obispo de Brujas, Roger Vanheluwe, quien admitió haber cometido agresiones sexuales contra un menor. La salida de Vanheluwe, a su vez, ocurrió en el contexto de las recientes remociones de obispos vinculados a casos de pederastia: James Moriarty, en Kildare, Irlanda; Walter Mixa, en Augsburgo, Alemania, y John Favalora, en Miami, Estados Unidos.

La investigación fue motivada por la sospecha de un delito grave: asociación de malhechores –equiparable al de delincuencia organizada– para realizar una ocultación sistemática de casos de pederastia. Aunque la fiscalía belga desechó, por ahora, la imputación principal contra el clero católico belga, mantiene el cargo de atentado contra el pudor.

La incursión policial en Malinas-Bruselas se llevó a cabo, en suma, en un marco de respeto a los derechos de los que allí se encontraban y de los reglamentos policiales. Sin embargo, el Vaticano reaccionó, desde un primer momento, en forma virulenta: el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, calificó el allanamiento de hecho grave e inaudito, en tanto Dominique Maberti, responsable de Relaciones con los Estados en el gabinete de Benedicto XVI, convocó al embajador belga ante el Vaticano para manifestarle vivo estupor, indignación, temor y pena. Por añadidura, los jerarcas romanos tildaron de profanación de tumbas la decisión de la fiscalía belga de introducir una cámara de video en los sepulcros de dos ex arzobispos, pues sospechaba que el clero del país había podido ocultar ahí documentos secretos relacionados con la protección a curas pederastas.

Ayer, en una misiva enviada al cardenal André-Joseph Lleonard, presidente de la conferencia episcopal belga, el propio Joseph Ratzinger se unió a la carga al calificar de sorprendentes y deplorables las formas de la investigación policial. Asimismo, el pontífice arguyó que los delitos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia católica deben ser tratados por las autoridades seculares en el respeto de la recíproca especificidad y autonomía.

Tal expresión tergiversa el sentido del Estado laico, pues no existe ninguna suerte de autonomía para la Iglesia en casos de procuración e impartición de justicia, y menos en lo referido a justicia penal y a infracciones graves a la legalidad. Lo que parece haber despertado la ira vaticana es que los obispos de Bélgica hayan recibido el mismo trato que cualquier ciudadano sospechoso y no se les haya eximido de trámites policiales que pueden ser considerados normales, y de ninguna manera violatorios de garantías individuales cuando se investiga la comisión de delitos.

En suma, aunque el papa Benedicto XVI se ha visto obligado en tiempos recientes a condenar las agresiones sexuales perpetradas por sacerdotes y jerarcas eclesiásticos de todo el mundo, e incluso ha expresado la disposición de la Iglesia católica a colaborar con las autoridades civiles en la investigación y sanción de tales crímenes, le ha resultado insoportable la imagen de unos obispos sometidos a una diligencia policial rutinaria.

Se exhiben así los hábitos mentales de un clero que aún echa de menos los fueros medievales y se hace evidente la escasa convicción con la que Ratzinger ha pronunciado sus recientes condenas a los curas pederastas.