Especialistas en el sistema educativo y en derechos de la infancia aseguraron que falta voluntad política, pero también hay poca coordinación de esfuerzos para garantizar el acceso a la educación básica de la población más pobre y vulnerable del país, en particular los niños indígenas, migrantes y jornaleros.

En el contexto de la publicación del informe 2009 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), denominado El derecho a la educación en México –donde se advierte que 24.6 por ciento de los 240 mil niños de entre 6 y 11 años que no asisten a la escuela trabajan al menos 20 horas a la semana– enfatizaron que los peores servicios de enseñanza los reciben quienes menos tienen, perpetuando un círculo de pobreza, explotación y enfermedad.

De acuerdo con los resultados del informe, se estima que 480 mil niños de entre 4 y 5 años no asisten a prescolar, 574 de 12 a 14 años no cursan secundaria –porque no están inscritos en el sistema educativo– y 2.4 millones de entre 15 y 17 no ingresan a bachillerato.

El INEE destaca que la mayor cantidad de menores que no concurren a un centro escolar se concentra en áreas urbanas y rurales de alta marginación, donde están expuestos a dos o tres veces más posibilidades de no ir a la escuela que aquellos que habitan en zonas urbanas de baja marginación.

La inasistencia a las aulas afecta de forma severa a quienes residen en hogares indígenas, con 16.7 por ciento de los niños de 5 años; tampoco acude 13.8 por ciento de quienes tienen de 12 a 14, cifra que se dispara a 45.7 en el sector de entre 15 y 17.

En el informe se señala que los indígenas de 4 a 14 años representan 10 por ciento de la población nacional en ese rango de edad, pero el número de niños que no va a la escuela equivale casi a 20 por ciento del total de inasistencias en ese mismo grupo de edad.

Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana (Uia) y experto en el sistema educativo nacional, afirmó que el problema más grave para hacer efectivo el derecho a la enseñanza en México no es sólo la carencia de infraestructura y el tener maestros más preparados, sino la relación profesor-alumnos, de la cual depende todo el proceso de aprendizaje.

Señaló que el Estado mexicano ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones educativas de la población más pobre, en particular de las comunidades originarias, pero se afrontan condiciones muy severas de rezago que no permiten alcanzar resultados inmediatos. Además se carece de coordinación de acciones que garantice avances más sólidos, pues en la atención de los alumnos interviene no sólo la Secretaría de Educación Pública, sino otras instancias, como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) .

Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social, organismo de defensa de los derechos de la infancia, destacó que al menos 70 por ciento de los niños indígenas en rezago educativo son jornaleros, con un promedio de escolaridad de tres años, cuando a escala nacional es de por lo menos nueve.

Indicó que a pesar del reconocimiento mundial de los derechos de la infancia, la educación de calidad y con acceso para todos no se cumple entre las poblaciones más pobres y vulnerables. Con mayor frecuencia son atendidos por medio de programas compensatorios, donde no se cuenta con profesores, sino con instructores y con un muy bajo presupuesto.

Alertó que “si no rompemos el círculo de la pobreza y la ignorancia, propiciaremos que el total de las familias que hoy envían a sus hijos a trabajar –su participación puede representar hasta 40 por ciento de los ingresos del hogar– se replique en el futuro, pues sin acceso a instrucción de calidad, será difícil que salgan de la pobreza”.