La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal es una de las dependencias que reciben mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde que se inició el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, al sumar 3 mil 44 de enero de 2007 a marzo de 2010.

De acuerdo con registros oficiales, la dependencia reporta aproximadamente 15 por ciento menos quejas que la Secretaría de la Defensa Nacional (3 mil 430 casos), a pesar de que participan alrededor de 20 mil policías federales en acciones preventivas o de disuasión contra el crimen organizado, por más de 90 mil soldados que efectúan tareas de seguridad pública y combate contra grupos delincuenciales.

Sin embargo, las quejas por violaciones a las garantías individuales por servidores públicos de la SSP federal no sólo tienen que ver con uno de los cuerpos de la Policía Federal que se busca sea modelo a seguir en todo el país, sino comprenden áreas relacionadas con prisiones, el llamado Servicio de Protección Federal (dedicado a custodiar inmuebles de la administración pública federal) y hasta el Consejo de Menores, cuya responsabilidad se transfirió al Gobierno del Distrito Federal.

Mediante una solicitud de información pública, la SSP federal reveló que del primero de enero de 2007 al 26 de marzo de 2010 se registran 3 mil 44 quejas contra personal adscrito a la SSP y sus órganos administrativos desconcentrados: Policía Federal; Prevención y Readaptación Social; Servicio de Protección Federal, y Consejo de Menores. Este último hasta el 6 de octubre de 2008, debido a que pasó a depender de la administración del Gobierno del Distrito Federal.

Del total de quejas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha concluido mil 547 de la siguiente manera: 15 se convirtieron en recomendaciones y 128 se resolvieron mediante conciliaciones con los afectados.

Un total de mil 404 concluyeron por orientación al quejoso; en los casos de falta de competencia de la CNDH, por no tratarse de violaciones a garantías básicas, no responsabilidad, desistimiento o falta de interés del quejoso, o por no existir materia para seguir conociendo el asunto, sin que se precisara qué cantidad corresponde a cada rubro.

Respecto del número de funcionarios sancionados por atropellos a derechos humanos, la SSP federal remitió al solicitante a pedir el dato al órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública, argumentando que esas instancias son las encargadas de sancionar o determinar la remoción de los servidores públicos.

En ese contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado que durante la administración del presidente Felipe Calderón ha recibido 3 mil 430 quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por personal militar, de las cuales 51 han derivado en recomendaciones.

La Sedena es más precisa en cuanto a la evolución de las quejas. Del total, 27 se convirtieron en averiguaciones previas que se están integrando y seis son causas penales en proceso ante jueces militares. Además, en 10 casos se determinó su envío al archivo por no encontrarse responsabilidad penal de los inculpados, en cuatro se inició procedimiento administrativo y en tres se concluyó la averiguación previa comenzada sin acreditar conductas ilícitas.

De acuerdo con el tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón, uno de los objetivos de la SSP federal es atender e investigar las quejas y denuncias de presuntas violaciones en materia de derechos humanos contra servidores públicos de la secretaría, para en su caso sancionar a los responsables. Otro eje de esa institución en materia de garantías individuales es formar una cultura institucional de derechos humanos que garantice que la actuación de sus funcionarios esté apegada a la legalidad.

La SSP ha dado prioridad a la protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial, así como de auxilio a víctimas de violencia, delito y abuso de poder. Para ello atiende los requerimientos y recomendaciones de los órganos defensores de las garantías básicas, promueve la cooperación con instancias institucionales y de la sociedad civil en la materia, y fomenta la adopción de métodos alternos para la solución pacífica de conflictos en el ámbito de la seguridad pública. Asimismo, se han creado protocolos y guías modelo de atención victimológica, se han impartido cursos de especialización a servidores públicos en temas de apoyo a víctimas, se ha impulsado la promoción e integración de redes de apoyo social e institucional, y la conformación de grupos de autoayuda de la sociedad civil.

Sin embargo, durante la administración federal la CNDH ha emitido recomendaciones a la SSP federal debido a que sus funcionarios han incurrido en casos de violación a la integridad física y sicológica; liberación extemporánea; discriminación por discapacidad física; allanamiento, detención arbitraria y tortura, y violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, de acuerdo con datos de la Dirección General de Derechos Humanos de la SSP federal.