En un recinto resguardado por un fuerte dispositivo policiaco, funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía se negaron ayer a entregar a senadores y diputados de la Comisión Permanente los documentos en que se sustentó la decisión de extinción a Luz y Fuera del Centro, bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Cuestionados por perredistas y petistas, quienes advirtieron que se trata de ocultar que la decisión de Calderón fue ilegal y detrás de ella estuvo el objetivo de deshacerse del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los subsecretarios de Egresos de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, y de Electricidad de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras Astiazarán, así como el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, se limitaron a repetir los argumentos hasta ahora esgrimidos por el gobierno para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Incluso, Pérez Jacome les notificó que desde el 13 de octubre del año pasado hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, la información en torno a las causas de extinción de LFC, lo que provocó que el priísta David Penchyna, quien expresó ahí mismo que estuvo en favor de esa decisión, les reprochara la falta de respeto y les insistiera en la entrega de los documentos requeridos.

Penchyna preguntó a los funcionarios cuál era el miedo, ya que elementos de la Policía Federal acordonaron el recinto de Donceles y cerraron esa calle a la altura del Eje Central. “Pensé que íbamos a ver al Chapo”, soltó irónico.

Los diputados Mario Di Costanzo, del PT, y Agustín Guerrero, del PRD, recordaron a los funcionarios que la Comisión Permanente acordó citarlos a comparecer para que explicaran con cifras y datos precisos por qué el gobierno federal decidió liquidar el organismo descentralizado y presentaran dos documentos específicos: Luz y Fuerza 2009 y el acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento.

Pérez Jácome expuso que entre otras razones se liquidó al organismo por que era insostenible financieramente, por su oneroso pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, 140 mil correspondientes a jubilados.

Di Costanzo expuso, a su vez, que con los argumentos esgrimidos se podría pensar en liquidar a Pemex, al propio SAE y al presidente Calderón. Ambos legisladores recalcaron que la renuencia a hacer pública la información, que fue clasificada por el IFAI –a petición de Hacienda– como reservada por dos años, parece querer ocultar hechos, como el gran negocio que se pretende realizar con la fibra óptica de LFC, que fue transferida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin que ello se establezca en el decreto de liquidación.

El petista deploró que Hacienda argumente que la información no debe salir a la luz pública porque podría dar a la contraparte ventajas que ahora no tiene, ya que manda al SME a pelear con las manos amarradas. Pérez Jácome sólo respondió que está reservada porque su difusión puede lesionar la seguridad nacional.

Los subsecretarios de Hacienda y de Energía dieron algunas cifras. Precisaron que el valor de los activos de Luz y Fuerza es de 140 mil millones de pesos, de los que 75 mil se transfirieron ya a la CFE para la prestación del servicio.