Once premios Nobel de la Paz enviaron una carta al presidente Felipe Calderón en la que le solicitan que atienda los llamados de los pobladores de San Salvador Atenco, a quienes apoyamos plenamente, para liberar a los 12 presos políticos, revocar las sentencias condenatorias y cancelar las órdenes de aprehensión de los perseguidos después de los ataques del 3 y el 4 de mayo de 2006.

Añaden: apoyamos a las 50 mujeres en sus deseos de ver una investigación seria y una condena de los que las violaron y que el Estado les brinde restitución por todo lo que han sufrido durante y después de mayo de 2006.

Los premios Nobel expresan preocupación sobre la situación de derechos humanos en México, en particular en Atenco.

En la misiva solicitan al titular del Ejecutivo que ponga atención particular a las violaciones de derechos humanos en Atenco durante y después del ataque contra el pueblo, cometido por 4 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México.

Los Nobel firmantes son: Maired Maguire, Betty Williams, Adolfo Pérez Esquivel, Desmond Tutu, Elie Wiesel, Rigoberta Menchú Tum, F. W. de Klerk, Jody Williams, John Hume, Shirin Ebadi y Wangari Maathai.

Señalan que el ataque dejó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales y tortura. Actualmente 12 compañeros de Atenco siguen detenidos. Todos ellos fueron torturados, detenidos sin orden de aprehensión y sentenciados sin acreditarse su participación en los delitos por los que fueron encarcelados.

Manifiestan que las mujeres violadas siguen en un estado sin resolución. Los violadores no han sido investigados y las mujeres no han recibido restitución.

Mencionan que el 6 de febrero de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó una pesquisa a partir de la cual reconoció que se cometieron graves violaciones de derechos humanos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, e instó a que se ampliaran las investigaciones para determinar las responsabilidades de los directamente implicados.

Motivados por esa resolución, familiares de los presos, organizaciones civiles nacionales e internacionales y el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra solicitaron el 10 de diciembre de 2009 a la SCJN que atrajera y resolviera los amparos directos de los presos políticos de Atenco.