Defensores de los derechos humanos consideraron que la petición de asilo que hizo la activista del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT) América del Valle al gobierno de Venezuela es legítima y demuestra que el sistema de administración y procuración de justicia es utilizado para perseguir y criminalizar a los luchadores sociales.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que es necesario distinguir entre acciones judiciales que se siguen en contra de una persona y persecuciones de otra índole.

Abundó: cuando existen órdenes de aprehensión con motivo de la comisión de un delito, es evidente que es un tema que tiene que resolverse en los tribunales. El país al que se le pide asilo tiene que analizar con todo cuidado esta situación.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que la petición de asilo es siempre una opción para un ciudadano que se siente amenazado e inseguro.

En el caso de América del Valle, es motivada por un sistema de administración y procuración de justicia que persigue a los luchadores sociales, agregó.

Los mecanismos de defensa frente a acusaciones infundadas e injustas son muy limitados para la víctima, como lo fue en el caso del padre de América, el dirigente del FPDT Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, afirmó: América del Valle recurrió a esa decisión porque no hay garantías en el país para los luchadores sociales; no hay respeto a la libertad de expresión ni de opinión.

Apuntó que América del Valle tuvo que optar por salir del país ante la persecución de que es objeto por el gobierno. No hay garantías para un juicio justo, además de que se criminaliza la protesta social y a los luchadores les imponen sanciones inusitadas.

La presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, expresó que es importante la decisión de América del Valle: desde luego que tiene todos los elementos de derecho internacional para hacer esa solicitud porque el Estado le ha negado el amparo. Espero que ella retome ese instrumento.

Añadió: espero que el Estado dé una respuesta positiva porque con su acción fracturó el proyecto de vida de América del Valle. Estaba escondida porque la acusan de delitos que no cometió, y esto demuestra que Atenco es un paradigma de los pendientes, de las múltiples violaciones de derechos humanos que están pendientes de justicia.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso que es una petición legítima la de América del Valle, y este Estado, que se dice democrático, debería suspender las órdenes de aprehensión vigentes. Ésa es facultad de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

El caso Atenco es paradigmático, dijo, por la criminalización de la protesta social: si este Estado se dice democrático, debe tener canales abiertos y adecuados para garantizar la libertad de expresión y la protesta social.