hihuahua llega a las elecciones del 4 de julio en la coyuntura de mayor violencia de su historia contemporánea. Tan sólo en la última quincena el recuento es terrible: el viernes 11, diecinueve personas perecen ametralladas en el centro de rehabilitación Fe y Vida en la capital, luego asesinan a otras seis en un centro similar en Juárez. En la capital se multiplican los robos con violencia de vehículos, con violación de sus propietarias. El sábado 19, asesinan al presidente municipal de Guadalupe, en el valle de Juárez, donde ya habían sido ultimados dos integrantes del cabildo y donde la tasa de homicidios por 100 mil habitantes supera los 350. A pesar de la presencia de 5 mil 412 agentes de la Policía Federal en la frontera, se han cometido mil 300 ejecuciones en lo que va de 2010, y todos los delitos se han disparado…

Ante esta tozuda realidad, el discurso de los actores intenta desresponsabilizarse lo más posible de los errores y limitaciones en la guerra contra el crimen organizado y achacar éstos al orden de gobierno del adversario político. El gobierno de Calderón no quiere que el término de referencia para evaluar su acción contra el crimen sea el del triunfo en una guerra. Por eso, de la guerra contra el crimen pasa a la lucha por la seguridad ciudadana. Su secretario de Gobernación sigue insistiendo en pedir a los medios que revisen su lenguaje sobre la violencia, convencido de que las notas periodísticas pueden ser tan letales como un R-15.

¿Cambio de estrategia? Tan sólo en las palabras, porque la ineficaz Operación Coordinada Chihuahua sigue inalterada. El mismo Gómez Mont lo señala ante los representantes del Congreso de Chihuahua el 1º de junio: el único cambio es hacer mejor lo que ya estamos haciendo. No importa, pues, la eficacia en reducir la acción del crimen organizado sobre la población, lo que priva es incidir favorablemente en la percepción de los electores antes de los comicios más decisivos rumbo al 2012.

El PAN avala la estrategia calderonista con algunos asegunes: reconoce los malos resultados de la presencia militar y de la Policía Federal en las calles. Señala que sólo llegando su candidato al gobierno del estado habrá una verdadera coordinación en los operativos con el gobierno federal y una profunda depuración de las policías estatales. Dirige sus dardos contra conspicuos candidatos priístas: el candidato panista a alcalde de Ciudad Juárez, César Jáuregui, acusa directamente a su adversario tricolor, Héctor Murguía, de haber favorecido a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Hace tiempo que estas acusaciones se ciernen sobre Murguía, incluso consignadas en la revista Proceso. Sin embargo, la PGR no ha dicho nada. Y a estas alturas del partido todavía hay quienes se preguntan: ¿podrá sucederle al ex alcalde, y de nuevo candidato a la alcaldía de Juárez, lo mismo que a su homólogo de Benito Juárez, Quintana Roo? ¿Gregazo en la otra punta del país?

El PRI insiste en que la inseguridad y la violencia fueron disparadas por la mala estrategia de Calderón en su guerra al crimen. De pronto, gobiernos tricolores y dirigentes partidarios dejan de lado los discursos sobre los “operativos conjuntos” y los pactos Federación-estado para luchar contra la delincuencia. Dejan de lado también la infiltración y colusión de policías estatales y dicen que ellos sí tienen los pantalones bien puestos. Piden que se retiren el Ejército y las policías federales a los cuarteles el día de los comicios. Coaligados con los verdes, prometen reducir el crimen con base en cadenas perpetuas y, a falta de estrategias sólidas de intervención social, prometen doblegar al crimen a punta de obra pública.

En la población, inerme, se pueden encontrar varias posturas: quienes creen que con más de lo mismo se van a arreglar las cosas y, por tanto, votarán por el PRI. Quienes piensan que sólo con un cambio en la gubernatura se lograrán la coordinación con el gobierno federal y la erradicación de la corrupción en el sistema policiaco y, por tanto, votarán por el PAN.

Pero una postura que se torna más y más mayoritaria es la de quienes, hartos de discursos, de violencia, de circo político y de promesas, optarán por ausentarse de las urnas. Si ya en 2004 el abstencionismo fue la opción más socorrida, todo parece indicar que ahora se incrementará.

La diferencia intentan marcarla algunos pequeños grupos organizados de ciudadanas y ciudadanos que llaman a anular activamente el voto, por ejemplo marcando la boleta por Adelita Segura Paz o No keremos esta guerra, como expresión de rechazo a una clase política incapaz de darle a Chihuahua la paz con justicia.

En todo caso, a dos semanas de los comicios se agolpan las dudas y no las respuestas: ¿cuáles son los reales alcances de la democracia en un estado de guerra?, ¿el escenario chihuahuense prefigura el de las elecciones federales de 2012?, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de rescatar la política desde la ciudadanía?

In memoriam Carlos Monsiváis, constructor de la paz desde la crítica al poder