a eliminación del impuesto por tenencia de vehículos es una antigua y razonable demanda social. Durante la campaña electoral de 2006, el entonces candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa enarboló la eliminación de ese cobro como una promesa de gobierno, pero cuando llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo advirtió que la tenencia no se eliminaría sino hasta que él dejara el cargo. En otros términos, endosó a su sucesor la realización de la propuesta, y con ello se hizo evidente que ésta no había sido enunciada con el propósito de cumplirla, sino de obtener sufragios. Ayer, a casi cuatro años de aquel impugnado proceso comicial, y 10 días antes de las elecciones del mes próximo, el Ejecutivo federal desempolvó la promesa y emprendió su cumplimiento parcial: de aquí al 31 de diciembre de 2011, la Federación cubrirá el pago de la tenencia de vehículos nuevos, y de esa fecha en adelante, el cobro desaparecerá.
Habría sido deseable celebrar el fin de la tenencia vehicular –impuesta en la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962 con el argumento de que era necesaria para financiar los Juegos Olímpicos de 1968– como una medida orientada a favorecer la economía popular. Sin embargo, el anuncio efectuado ayer por Calderón ha dado pie a numerosos cuestionamientos críticos que es pertinente enumerar.
Por principio de cuentas, la decisión constituye toda una excepción en el marco de la política económica oficial, la cual se ha orientado a incrementar en forma sostenida e invariable las cargas impositivas a la población; en otros términos, la derogación de la tenencia vehicular no tiene lógica en la estrategia fiscal vigente.
Por otra parte, es cuando menos cuestionable la pertinencia legal y política de modificar por decreto, al margen del Legislativo, los términos y los plazos de la abrogación de la Ley del Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos.
Además, resulta lamentable que la medida opere, de aquí a 2011, únicamente para automóviles nuevos y para vehículos hasta de 250 mil pesos, lo que le otorga un claro sesgo clasista: por una parte, los ciudadanos que tienen posibilidad de estrenar un vehículo particular no llegan ni a uno por ciento de la población; por el otro, el techo previsto por la medida –vehículos hasta 250 mil pesos– ampara a los consumidores de modelos muy superiores a los considerados económicos.
Con todo, lo más criticable de la decisión es que el gobierno pudo haberla adoptado y anunciado en cualquier momento, y en cambio lo haya hecho en vísperas de los próximos comicios, en los que habrán de renovarse 12 gubernaturas. Si la medida hubiese sido dada a conocer hace seis meses, o bien a mediados de julio, habría podido interpretarse como una acción orientada a reactivar la industria y el mercado de automotores en el país. Sin embargo, la circunstancia en la que se presenta hace inocultable el propósito de orientar hacia el partido gobernante la intención de voto. Por ello, y así genere a corto plazo la aprobación y hasta la simpatía de algunos sectores de la sociedad, la medida anunciada ayer puede desembocar en un deterioro adicional a la credibilidad del gobierno en turno.
