Moscú, 24 de junio. A tres días de que se celebre el referendo constitucional convocado por el gobierno provisional para obtener legitimidad en las urnas, la situación en Kirguistán es cada vez más tensa al grado de que la mayoría de los observadores extranjeros declinaron participar.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) decidió retirar, por seguridad, a 300 observadores y hará el seguimiento de la votación del domingo con 90 miembros de su misión permanente.

No obstante los riesgos, cerca de 70 mil de las 100 mil personas que se vieron obligadas a cruzar la frontera retornaron ya de los campamentos para refugiados en Uzbekistán, según datos dados a conocer este jueves.

Muchos no regresan por voluntad propia, sino forzados por las autoridades uzbekas, denunció hoy Amnistía Internacional.

Los desplazados –400 mil kirguisos, la mayoría mujeres y niños, contando la gente que abandonó sus viviendas y huyó a otras zonas en el interior de Kirguistán– son el componente más dramático de la catástrofe humanitaria que sufre este país de Asia central desde que el pasado 11 de junio estalló el conflicto interétnico entre las comunidades kirguisa y uzbeka de las regiones meridionales de Osh y Dzhalal-Abad.

Nadie sabe cuánto tiempo tendrá que pasar para que kirguisos y uzbekos se reconcilien, aunque difícilmente logren superar del todo los resentimientos recíprocos por tanto agravio acumulado a lo largo de su forzada convivencia en el sur de Kirguistán.

Aún están abiertas las heridas de la espiral de violencia, cuando el reparto de tierras en 1990 provocó cientos de muertos y casi 3 mil heridos y obligó al entonces presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, a mandar tropas para interponerse entre los kirguisos y los uzbekos.

Algo similar quiere ofrecer el Kremlin al gobierno de Bishkek una vez que sea reconocido legítimo tras el referendo del domingo, pero no se trataría de un simple contingente de pacificación.

Esta vez –de acuerdo con las filtraciones de rigor– Rusia pretende ampliar su presencia militar en Asia central con una nueva base en el sur de Kirguistán, adicional a la que mantiene en Kant.

Para guardar las formas se manejaría oficialmente como instalaciones de las fuerzas de despliegue rápido de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que forman varias repúblicas ex soviéticas bajo el liderazgo de Moscú. No es la primera ocasión que el Kremlin busca abrir una base militar en el sur de Kirguistán, escudándose en el formato de la OTSC. En anteriores intentos, fracasó por la oposición del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, temeroso de que una fuerza militar multinacional –en realidad, del ejército ruso– en la región pudiera ser usada por Moscú para imponer decisiones.

Los regímenes autoritarios centroasiáticos sacan millonario provecho de prestar servicios a Rusia y Estados Unidos, pero procuran no alinearse con ninguno. Por eso, no es claro qué argumentos o, mejor dicho, concesiones, formulará el Kremlin ahora para hacer cambiar de opinión a Karimov, en el supuesto más que probable de que alcance un acuerdo con el gobierno de Rosa Otumbayeva, quien sin duda seguirá al frente de Kirguistán hasta fines de 2011, sobre la nueva base bajo el membrete de la OTSC. En todo caso, estas negociaciones empezarán la semana entrante.

Legitimado en las urnas el gobierno de Bishkek, se comenzará a discutir el ofrecimiento de la OSCE de enviar asesores militares para ayudar al ejército kirguiso a patrullar las regiones del sur.

Habrá que ver cuál será la reacción de Estados Unidos, que arrienda la base militar de Manás, esencial en la logística de su guerra en Afganistán, frente a una eventual expansión militar de Rusia en el sur de Kirguistán.