Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuentan con elementos jurídicos suficientes para dejar en libertad a los 12 presos de San Salvador Atenco, comentaron ayer fuentes judiciales.

Agregaron que dos de los cinco ministros que analizarán hoy, en sesión privada, los amparos directos de los tres detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano –ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México–, así como de los nueve presos en Molino de Flores, están convencidos de que todos los acusados deben quedar en libertad.

Este miércoles los ministros discutirán por primera vez el caso en sesión formal. Cada ponente presentará un proyecto de dictamen con miras a que en la sesión pública del 30 de junio próximo se resuelvan los amparos.

Funcionarios consultados no descartaron que alguno de los tres ministros indecisos se sume a la postura de dejar en libertad a todos los acusados.

Trascendió que éstos se han manifestado en privado en favor de conceder el amparo liso y llano a los nueve presos del penal de Molino de Flores.

Pero también que tienen sus dudas en relación con los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle y Héctor Galindo Gochicoa, así como del ex asesor jurídico de esa organización, Felipe Álvarez Hernández, quienes fueron sentenciados a 67 años de prisión –el primero a más de cien– acusados del delito de secuestro equiparado.

En este caso, los ministros les concederían un amparo para efectos, es decir, que la Corte sólo ordenaría a la justicia mexiquense que repusiera el procedimiento, corrigiera irregularidades y emitiera nueva sentencia.

Los funcionarios consultados explicaron que los ministros que apoyan la libertad de los líderes y del ex asesor del FPDT consideran que en el caso de los presos de Atenco, el máximo tribunal debe aplicar el mismo criterio que cuando dejó en libertad a los indígenas acusados de la matanza de Acteal, así como a las dos mujeres de Querétaro sentenciadas por secuestrar a seis agentes federales.

Ayer después de reunirse con el ministro Arturo Zaldívar, la señora Rosa Nelly Urrutia Castañeda, madre de Héctor Galindo, señaló en entrevista que tiene confianza en que la defensa que encabezan profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México convenza a los ministros de la inocencia de su hijo y lo dejen en libertad.

Comentó que ella ha sufragado los gastos de la defensa legal de Héctor, quien era asesor jurídico del FPDT, y que en las entrevistas que ha sostenido con los ministros les ha dicho que, en este caso concreto, no se configura el delito de secuestro equiparado, entre otros que le imputa la justicia mexiquense.

Explicó que el artículo 259 del Código Penal del Estado de México –en el que se basó la consignación de su hijo– no tipifica esa conducta delictiva y eso es motivo suficiente para invalidar la sentencia en su contra.

Lo anterior, porque la base de la defensa de los atenquenses recluidos en el penal del Altiplano se centra en la violación al debido proceso y violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Sostuvo que, a diferencia de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, su hijo tiene pendiente un proceso por ataque a las vías federales de comunicación –delito del que ya fueron liberados los dos primeros– por falta de atención del defensor público federal que lleva su caso, cuando se trata de la misma acusación y los mismos hechos.

Destacó que ella, como madre adoptiva de Héctor Galindo, está obligada a hacer el 200 por ciento para lograr su libertad y ha tratado de sensibilizar a los ministros con el propósito de que pongan atención al asunto.