Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) demandaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) responder la queja interpuesta en abril pasado contra tres magistrados del décimo segundo tribunal colegiado de trabajo del primer circuito, quienes dieron la razón a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para negar el pago de salarios retenidos a 65 empleados, pese a que los quejosos obtuvieron cuatro laudos en su favor en ese tribunal.

Porfirio Martínez, abogado de los quejosos, calificó de aberración jurídica que los magistrados Luz María Corona Magaña, Miguel Bonilla Solís y Francisco Javier Patiño Pérez pretenden eliminar de la controversia que mantenemos con las autoridades educativas un punto central: la seguridad de los trabajadores, quienes nunca se negaron a dejar de trabajar; sólo demandaron no ser trasladados a un edificio que ponía en riesgo su vida.

Enfatizó que la queja ante el CJF debe ser atendida y resuelta de forma favorable a los trabajadores, porque tenemos elementos para demostrar que nos asiste el derecho, aunque reconoció que vemos con preocupación que los magistrados no actúan con objetividad ni transparencia en la toma de sus decisiones, y esto afecta directamente a los quejosos.

Joaquina Sandoval, una de las afectadas, informó que el 16 de junio entregaron en el CJF un memorando para presentar las consideraciones técnico jurídicas que “esperamos sean tomadas en cuenta por el consejero Daniel Cabeza de Vaca –ex procurador general de la República– y responsable de atender la queja”.

Lamentó que desde hace casi dos meses hemos buscado una audiencia con él para que conozca los obstáculos que hemos pasado a fin de que se aplique la ley.

Sólo nos dan largas

Hasta la fecha, indicó, no hemos tenido respuesta. Sólo nos dan largas y nos dicen que no tiene tiempo para atendernos. Hemos cumplido con los trámites para solicitar esta audiencia y ser escuchados, pero prevalece una actitud de prepotencia y maltrato contra los trabajadores.

Isabel Robledo, del grupo de 65 trabajadores que desde octubre de 2007 no reciben salario por negarse a ser reubicados en un edificio que incumple con las condiciones mínimas de seguridad, indicó que “tras 28 años de servicio, nunca pensé que la SEP –de la que depende la DGEI– pusiera tantas trabas para no cumplir la ley. Han sido dos años y ocho meses de lucha. Ganamos cuatro laudos porque demostramos que nos asiste la razón y estamos decididos a no darnos por vencidos”.