Mediante un convenio, la Secretaría de Gobernación autorizó a la organización internacional Archiveros sin Fronteras la reorganización de los documentos relacionados con la historia política y social de México que contienen los informes de las direcciones Federal de Seguridad (DFS) y General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN), las cuales operaban durante la guerra sucia de los años 70 en el país.

Eso significará deshacer los legajos originales bajo los cuales fueron abiertos a la consulta pública, advirtió la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas.

Según la investigadora, los representantes de dicha organización, Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, dirigen varias empresas disfrazadas de asociaciones civiles, y entre otras cosas han participado en la disposición final de documentos que se encontraban en el archivo de concentración del Instituto Federal Electoral (IFE), como las boletas de los comicios presidenciales de 2006.

Asimismo, en el IFE se mencionó que dicho organismo cuenta con amplia experiencia en valoración documental y organización de archivos; entre su currículo destaca el haber ordenado los documentos de instancias como Pemex, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gobernación, el AGN y Archiveros sin Fronteras firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se reorganizará la documentación relacionada con la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales del fondo Gobernación y se promoverá la investigación integral para profundizar en el conocimiento de los temas relativos a la vigilancia y represión de los movimientos sociales y políticos del pasado.

Durante la firma del acuerdo, la directora general de AGN dijo que el convenio es de gran importancia porque revitalizará el repositorio, permitiendo que esta documentación sea más accesible tanto a los investigadores como a la sociedad. Vamos a trabajar juntos para la organización, descripción y digitalización del acervo que se encuentra en la galería dos, señala el comunicado divulgado en la página electrónica del AGN.

Reorganizar no es igual a custodiar, ordenar, describir y conservar, que son las funciones sustantivas del AGN, sostuvo Magdaleno Cárdenas.

“La situación es preocupante por varias razones, entre ellas, porque Aguilera Murguía y Nacif Mina, además de haber sido empleados del AGN, tienen varias empresas disfrazadas de asociaciones civiles, como la Escuela Mexicana de Archivos, en la cual son profesores Stella González Cicero, ex directora del AGN, y su esposo, Jorge Garibay, especialista en archivística eclesiástica.

“Otra de las supuestas asociaciones civiles –de Aguilera y Nacif– que funcionan como empresas es el Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, el cual, según su pagina web, se dedica a prestar ‘servicios privados de investigación científica’”.

En ese contexto, el 6 de abril de 2006, en reunión extraordinaria del IFE se acordó que ellos realizaran la valoración del destino final de la documentación del instituto electoral. El acta del organismo autónomo menciona que cobraron 500 mil pesos por dicha tarea

Según lo declarado por Ramón Aguilera el día de la firma del convenio con el AGN, uno de los argumentos para realizar este trabajo de reorganización es que “desde 1997, cuando se instituyó la Comisión Especial del Caso del 68, en la sesión plenaria de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados se hicieron las primeras incursiones en este acervo. EI programa de fotocopiado y digitalización realizado por la comisión causó la primera desorganización de las series documentales.

Con el tiempo se siguieron haciendo incursiones para subsiguientes investigaciones que abonaron la desorganización de los documentos. Percibimos que todas estas acciones han desordenado la sección. Por eso, el trabajo nos llevará a revisar la historia de la dirección para reconstruir, hasta donde sea posible, las 50 series documentales reportadas por su cuadro de clasificación original.

Al respecto, Ángeles Magdaleno Cárdenas consideró que “la documentación fundamental de esos fondos podría estar en riesgo y no volver a ser consultada. Además –advirtió–, deshacer los legajos contraviene el principio básico de todo archivo: el de procedencia.

En su discurso, Aguilera afirmó que la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales tiene 50 series documentales reportadas en su cuadro de clasificación original. “Nunca se supo de ese cuadro, ni mucho menos se puso a disposición de los investigadores. Si ‘reorganizan’ la clasificación actual no servirá de nada y no se podrá encontrar el material”, advierte Magdaleno Cárdenas.