En México existe falta de voluntad política para avanzar firmemente en el reconocimiento pleno del derecho a la educación, afirmó Vernor Muñoz, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la educación.

Señaló que un obstáculo central para dar cumplimiento a esta garantía es la desigualdad económica y social.

Ante especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), llamó al gobierno federal para que las 15 recomendaciones incluidas en su informe final sobre el derecho a la educación en México se tomen con seriedad, pues, destacó, ante las profundas desigualdades y asimetrías del sistema nacional, no puede ser que su oferta castigue a los que menos tienen, cuando la enseñanza es un derecho fundamental que debe ser igualitario.

Muñoz, quien dejará su cargo el 31 de julio, afirmó que el Estado mexicano aún enfrenta retos educativos, como mantener a 30 por ciento de la población adulta joven en rezago educativo y tiene a un millón de niños fuera de la escuela. Agregó que las mayores desigualdades educativas se concentran en las poblaciones más empobrecidas, a quienes se les ofrece una formación elemental de baja calidad.

Aunque hay avances, dijo las asimetrías son muy profundas; lo vemos en la notable desigualdad entre zonas rurales y urbanas, entre el sistema educativo público y privado.

A pesar de que en un informe, presentado ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU el 2 de junio, el funcionario recomienda al gobierno mexicano fortalecer las medidas para eliminar el pago de cuotas e incrementar de manera sostenida la inversión pública destinada a la educación –para alcanzar la meta de cubrir 8 por ciento del producto interno bruto–, alertó que el cobro de cuotas en las escuelas públicas ha afectado de forma particular a zonas rurales e indígenas.

Se dice que son contribuciones voluntarias, pero no son tales en la práctica. Muchas familias podrían enfrentar serias dificultades para matricular a sus hijos si no tienen recursos. Por ello exhortó al gobierno federal a impulsar una política de Estado para favorecer la gratuidad de la educación.

Otro reto del sistema educativo nacional, afirmó, es la deserción, que en realidad es una expulsión de la escuela ante la falta de una formación significativa para miles de jóvenes que consideran que la educación es terriblemente aburrida, pues lo que se enseña no les dice nada para cubrir sus necesidades y expectativas.

Asimismo, Muñoz insistió en su crítica a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), a la que calificó más como un acuerdo político entre la SEP y el SNTE, antes que un consenso democrático para atender las necesidades en la materia.