Amnistía Internacional (AI) afirmó que es hora de terminar con la protección ilimitada a militares que violan los derechos humanos y con la cual se les evita la rendición de cuentas. Así se sumó el organismo al reclamo de que estos casos sean investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial por juzgados civiles.

Además, calificó de preocupantes los señalamientos del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien cuestionó la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos en los que resultaron muertos los niños Martín y Bryan Almanza Salazar.

Por su parte, la CNDH indicó que no hará ningún pronunciamiento acreca de las declaraciones del funcionario federal. Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destinataria de la recomendación 36/2010, debe contestar en un plazo de 15 días hábiles si acepta o no la recomendación. Hasta en tanto, el ombudsman se abstendrá de realizar comentario alguno adicional.

Apoyar, no debilitar, a la CNDH

El pasado miércoles, la comisión nacional aseguró que la muerte de los infantes no fue resultado del fuego cruzado entre militares y un grupo de narcotraficantes. Señaló que los integrantes del Ejército Mexicano son los únicos responsables, además de que se alteró la evidencia con la que la milicia pretende deslindar a los soldados de su responsabilidad.

Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de AI, planteó que al ser juzgados por la jurisdicción militar, las víctimas y sus familiares se quedan sin acceso a la justicia.

La fabricación de la evidencia, señalada por esta investigación de la CNDH, ilustra las graves fallas de las investigaciones militares y quizá explica por qué tan pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares desde diciembre de 2006, dijo Howard.

En torno a las declaraciones de Gómez Mont, señaló que es esencial que el gobierno no debilite el trabajo de la CNDH sino que apoye una investigación penal civil completa e imparcial y agregó que ya es momento de terminar con la protección ilimitada que otorga el sistema de justicia militar a los soldados y oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos y que evita que rindan cuentas.